Los sindicatos exigen un plan urgente para garantizar la asistencia sanitaria de 1,5 millones de empleados públicos

Los sindicatos exigen un plan urgente para garantizar la asistencia sanitaria de 1,5 millones de empleados públicos
Los sindicatos piden celeridad al Gobierno para cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria para las 1,5 millones de personas trabajadoras del sector público. Convocan movilizaciones para el 11 de diciembre

Los sindicatos del sector público –CCOO, UGT, ANPE, ADIDE, USIE, UFP, SUP, ACAIP y SIAT– que representan a trabajadores de la educación, de la sanidad, de la Agencia Tributaria, de los cuerpos de seguridad del Estado han unido fuerzas para exigir un acuerdo que garantice la calidad y estabilidad de la asistencia sanitaria de los empleados públicos a través del modelo MUFACE.

En una rueda de prensa conjunta, han reclamado que el Gobierno y las aseguradoras concreten “un acuerdo estable, razonable y satisfactorio” que no solo mantenga, sino que mejore las prestaciones médicas. En este sentido, han anunciado un proceso de movilizaciones con la convocatoria prevista el 11 de diciembre, cuando los sindicatos reclamarán en las calles una solución que ofrezca “tranquilidad y calma para su asistencia sanitaria a alrededor de 1,5 millones de personas”.

Según denuncian, las aseguradoras pretenden justificar un aumento de beneficios argumentando que el modelo está “infrafinanciado”. Esto, aseguran, pone en riesgo la salud de las personas mutualistas mediante la “selección de riesgos”, derivando los casos más graves a la sanidad pública y tensionando aún más el sistema.

“Denunciamos a unas aseguradoras insaciables que quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado”, declararon los sindicatos, exigiendo que se priorice “la debida atención sanitaria de las personas mutualistas”. Asimismo, urgieron al Gobierno a tomar medidas claras y decisivas para evitar el colapso del sistema sanitario público y garantizar las certezas necesarias para los mutualistas.

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“Utilizaremos las medidas de presión que consideremos oportunas”, concluyeron, destacando la necesidad de más transparencia en el proceso.

Crisis sin precedentes

El sistema MUFACE enfrenta una crisis sin precedentes. Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV, responsables del 72% de las coberturas sanitarias, han decidido no participar en el nuevo convenio 2025-2026, argumentando que la propuesta económica del Gobierno es insuficiente. Aunque el Ejecutivo ofreció un aumento del 17% en los pliegos de contratación, las aseguradoras exigen una mejora del 40% para evitar pérdidas.

Un cambio significativo en las preferencias de las nuevas generaciones del funcionariado agrava el panorama. En 2022, dos de cada tres nuevos empleados públicos optaron por la sanidad pública, rechazando los seguros privados de MUFACE, que asegura tener herramientas legales para garantizar la continuidad del servicio hasta octubre de 2025.

Sin embargo, los sindicatos exigen que se refuerce la inversión en la sanidad pública y que se alcance un acuerdo que evite un impacto negativo en la calidad de la atención.

“Es urgente garantizar certezas y evitar que la salud de los mutualistas y beneficiarios quede en riesgo”, insisten las organizaciones sindicales que representa a los trabajadores y las trabajadoras del sector público.