Cádiz, Málaga y Sevilla se echan a la calle este 9N por el derecho a la vivienda

Cádiz, Málaga y Sevilla se echan a la calle este 9N por el derecho a la vivienda
FOTO | UGT, vía flickr
La ciudadanía de Cádiz, Málaga y Sevilla está convocada a manifestarse, en medio de la crisis habitacional, en defensa del acceso efectivo a la vivienda, este sábado 9 de noviembre.

El movimiento Ciudades y Pueblos para Vivir, que incluye a la plataforma Cádiz Resiste, convocado una manifestación a las 11:30 horas desde la plaza de San Antonio para denunciar la saturación turística y los precios más altos de su historia tanto en venta como en alquiler de viviendas.

Cádiz la capital española con el mayor porcentaje de alquiler por temporada que puede llegar a recibir más del 10% de la población habitual.

La ciudad se enfrenta a un crecimiento sin control del alojamiento turístico, que ha llegado a duplicarse en los últimos diez años. Actualmente, Cádiz dispone de plazas de alojamiento turístico que pueden acoger diariamente a más del 10% de su población residente.

De hecho, se ha convertido en la primera capital andaluza en número de viviendas turísticas por habitante y la primera del país en cruceristas por habitantes, seis por uno, con lo que la población está siendo expulsada de la ciudad y teniendo grandes dificultades para acceder a la vivienda.

Entre las principales reivindicaciones de Cádiz Resiste se encuentran la imposición de una moratoria en la concesión de licencias para nuevas viviendas turísticas y hoteles, así como la creación de una tasa turística para financiar mejoras dirigidas a los residentes.

También proponen un aumento en las tasas de recogida de residuos y del IBI para las viviendas turísticas.

La Plataforma “Málaga para Vivir” organiza a una nueva manifestación por el derecho a una ciudad habitable para el 9 de noviembre, a las 11:30 horas desde la plaza de la Merced, a la que se ha sumado la HOAC diocesana.

La organización de trabajadoras y trabajadores cristianos reitera que, a la luz del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, “hay que poner en el centro de todas las actividades sociales y económicas a la persona y sus necesidades básicas, entre las que se encuentra una vivienda digna”, lo que implica que “la actividad económica ha de partir de las necesidades sociales y ha de respetar el bien común”.

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El Movimiento por la Vivienda de Sevilla formado por APDHA Sevilla, Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Plataforma Barrios Hartos, Oficina de Okupación, PAH Sevilla Este – Amate, PAH Sevilla, PIVE Diamantino, ha convocado una manifestación a las 12.00h horas hasta el Palacio de San Telmo, por las calles más céntricas de la ciudad.

Sevilla, según informe Acceso a la Vivienda: Objetivo Andalucía de Culmia, necesita al menos 15.000 viviendas asequibles para solventar la falta de acceso a un hogar. La empresa municipal apenas dispone de 4.000 viviendas, la mayoría muy antiguas, que se pueden descatalogar pasados un tiempo para ingresar en el mercado especulativo, mientras hay 25.000 viviendas vacías

El Movimiento por la Vivienda de Sevilla ha convocado un bloque crítico en el marco de la manifestación del 9N, bajo el lema de “lo queremos todo” y con discurso claro contra las medidas del Gobierno que creen “buscan blanquear su complicidad en la gestión de la crisis habitacional”.

La delegación sevillana de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), integrada en este bloque, denuncia “la violencia que sufre la clase trabajadora a causa del problema de la vivienda” y lo vincula al actual “modelo de explotación turística”, que está convirtiendo un bien de primera necesidad en un objeto de especulación que beneficia a unos pocos.

Según esta entidad, “los grandes especuladores son en su mayoría las mismas entidades bancarias que se beneficiaron de un rescate público de 65.000 millones de euros” y apunta que medidas como el Bono Joven, impulsado por el Gobierno central, pretende “blindar la capacidad de especulación de propietarios y rentistas, convirtiéndose en un mecanismo de transferencia de dinero público que llevará a bolsillos privados más de 200 millones de euros”.

Por ello, apuesta por “frenar los desahucios, poner al servicio de vecinos y vecinas las viviendas vacías de nuestra ciudad, poner freno a los alquileres abusivos y acabar con las medidas que protegen los intereses de quienes especulan con la vivienda”.