Decenas de colectivos de Madrid llaman a manifestarse por el derecho a la vivienda

Unas 40 entidades de la sociedad madrileña, con el impulso del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, prepara una manifestación para el próximo domingo 13 de octubre por el derecho a una vivienda digna.

Colectivos por el derecho a la vivienda junto a asociaciones vecinales, juveniles, ecologistas, sindicales y sociales se han unido para movilizarse ante lo que llaman “crisis habitacional”. La manifestación partirá de Atocha a las 12 horas bajo la consigna “se acabó. Bajemos los alquileres”, aunque se están difundiendo igualmente otros lemas como  “la vivienda para quien la habita”, parafraseando al movimiento campesino que reivindicaba el reparto de la tierra.

El sindicato de inquilinos responsabiliza de esta situación tanto al Gobierno central, por “el reiterado incumplimiento de su programa de gobierno”, como al gobierno autonómico madrileño y los gobiernos municipales por “su absoluta dejadez de funciones” y sus políticas a favor de las inmobiliarias.

Esta organización afirma que “los desahucios siguen siendo una problemática real para quienes no tienen control sobre su vivienda, alcanzando los 82 diarios en 2024 mientras el Gobierno central asegura haber terminado con ellos”.

La adquisición de viviendas España, desde el 2015, se ha encarecido en un 42%, casi el doble que los salarios mientras que el precio del alquiler ha sido 2,3 veces superior al aumento de la renta de los hogares, precisamente cuando aumenta el número de familias que optan por esta modalidad para acceder a una vivienda, el 34% entre quienes tienen 30 y 44 años, el doble que en 2015.

Lo cierto es que cada vez resulta más costoso encontrar un alquiler, más aún ante la merma del poder adquisitivo de los salarios, pero también a las exigencias de los arrendadores.

De poco ha servido aprobar la primera ley de vivienda de la democracia recuperada, se quejan los convocantes. Los movimientos por el derecho a un techo digno reconocen que sus temores sobre la ineficiencia de esta ley se han ido cumpliendo.

“Es una ley diseñada para ser ignorada por la mayoría de las comunidades autónomas; esquivada por los rentistas, incluso en los territorios donde supuestamente se aplica; e incumplida por las inmobiliarias, todo ello con completa impunidad mientras se sigue cargando el peso de esta situación insostenible sobre las espaldas de las inquilinas”, manifiesta el sindicato de inquilinos.

La “última gota” que ha colmado el vaso, para el movimiento por el derecho a la vivienda y ciudades y pueblos habitables, ha sido el rechazo del Congreso a admitir a trámite la proposición de ley de regulación de alquileres temporales, con el repentino cambio de postura de Junts. De hecho, el sindicato de inquilinos pide la dimensión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Ante “la rabia y frustración” por esta situación en la que “una mayoría social lleva demasiado tiempo pagando la crisis de la vivienda, mientras una minoría se enriquece a costa de su esfuerzo y su trabajo”, la organización de personas inquilinas declara que es el momento dar “un paso al frente e iniciemos una escalada de movilizaciones” sin descartar convocar “una huelga de alquileres”.

La aspiración es ser capaces de “forzar a los rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50%, de tal forma que el inquilinato pueda destinar a la vivienda como máximo un tercio de sus ingresos mensuales, actualmente el porcentaje supera el 60%”. La interrupción del pago por el alquiler ya se está utilizando “de manera real”, especifica esta organización en los conflictos con los fondos buitres.

Decenas de entidades diversas madrileñas, desde CCOO, UGT y CGT hasta la Asociación Apoyo o la Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real, se han sumado a esta protesta, con un “llamamiento masivo a la movilización y a la organización popular posterior para conquistar una bajada inmediata de los precios del alquiler” y dejar claro que “no estamos dispuestas a someterse al chantaje de los rentistas ni a seguir aceptando las mentiras de los políticos a su servicio”.

Entre las medidas, el movimiento de vivienda de Madrid reclama contratos indefinidos de alquiler, la prohibición de los alquileres temporales  y por habitaciones, impuestos disuasorios para quienes utilizan la vivienda con fines especulativos, el aumento del parque de vivienda pública, expropiando a los “fondos buitres”, así como la prohibición de los desahucios sin una alternativa digna, la despenalización y desjudicialización de la okupación de viviendas vacías y la desarticulación de las empresas de “desokupación”.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras