Alud de reivindicaciones ante las crisis de la vivienda
La crisis de la vivienda está provocando un buen número de iniciativas de la sociedad civil, que además de movilizarse, está aportando propuestas. A la reunión convocada por el Gobierno con entidades sociales le han seguido la presentación de varias propuestas de sindicatos y consumidores para garantizar el derecho a techo.
A la iniciativa del presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana de reunirse, por tercera vez en esta legislatura, con organizaciones sociales y sectoriales –el sindicato de inquilinas, que viene pidiendo la dimisión de Isabel Rodríguez por su inacción rehusó acudir- para escuchar medidas contra el encarecimiento de este bien básico, le ha seguido la presentación de las propuestas de FACUA-Consumidores en Acción y UGT.
Las organizaciones de trabajadores vienen desde hace tiempo reclamando algo más que buenas intenciones en materia de vivienda, después de comprobar que los precios hipotecarios y el coste del alquiler están mermando las ganancias salariales, conseguidas en la negociación colectiva y la movilización.
Las asociaciones de consumo, por su parte, ante el domino que ejercen bancos, inmobiliarias y propietarios para subir los precios, piden aumentar la capacidad de la población para hacer valer su derecho de acceso a la vivienda y utilizar las prerrogativas que Constitución concede a los poderes públicos para intervenir en el mercado a favor del interés general.
Así, mientras estas últimas abogan por reforzar los derechos de inquilinos e hipotecados como consumidores y mejora la inspección en el mercado de la vivienda, los sindicatos reivindican mayor inversión en vivienda pública y políticas proactivas que beneficien al conjunto de la población.
Sin embargo, ha sido el sindicato UGT el que ha ido más lejos en la defensa del derecho a techo, al anunciar la presentación de una reclamación contra el Estado español por incumplimiento de la Carta Social Europea. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “el Estado tiene la obligación de intervenir el mercado de vivienda a corto plazo, sobre todo, los precios de los alquileres”.
CCOO, que hace días presentó, su propuesta de creación de un fondo estatal de inversión para la vivienda asequible ha vuelto a plantear una batería de medidas para abaratar el alquiler y las hipotecas.
Su secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, insistió a la salida de la reunión sobre vivienda con el Gobierno, en que “la solución al problema de la vivienda requiere sin dilación medidas diversas y efectivas a corto, medio y largo plazo”.
Contra los abusos y malas prácticas de inmobiliarias y grandes tenedores de vivienda
El secretario general y Portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, entiende que el Gobierno debe atender el acceso a la vivienda como “un derecho constitucional”, ahora mismo fuertemente condicionado por “unas enormes cuotas de especulación” y “los numerosos abusos en el mercado del alquiler por parte de inmobiliarios como de propietarios, muy especialmente grandes tenedores de vivienda, que se permiten echar a los inquilinos incumplimiento los plazos marcados por la ley”.
La organización de consumidores FACUA defiende la consideración del inquilino cómo consumidor, de manera que “los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, con lo que podrán ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo”.
En esta línea, pide el establecimiento de indemnizaciones a los inquilinos en el caso de malas prácticas de los arrendadores y la puesta en marcha de “mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos”.
Igualmente demanda un plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley de arrendamientos urbanos y la legislación en materia de consumo, vigentes y la coordinación de los protocolos de inspección con las comunidades autónomas.
Además, propone la expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social, condicionar cualquier ayuda pública a comunidades autónomas y ayuntamientos a que aprueben los topes en los precios de los alquileres planteados en la ley de vivienda y restringir los bonos al alquiler a aquellos contratos sometidos a los topes de precios establecidos en la ley de vivienda.
La asociación ha hecho llegar sus propuestas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Consumo, Pablo Bustinduy.
Un nuevo paradigma
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján ha señalado que “el derecho a la vivienda se encuentra claramente amenazado en España, uno de los países de la UE con menos vivienda social”, ha argumentado Lujan, quien ha explicado que “la reclamación, que es muy extensa, hace un repaso de la situación, jurídica y de hecho, del mercado de la vivienda para llegar al convencimiento de que España incumple lo establecido en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada”.
Lujan ha explicado que con ello “queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda y que deje de ser política de vivienda y se convierta en un verdadero derecho a la vivienda”.
Según sus declaraciones, de resultar favorable, las personas podrán acudir a los tribunales de justicia, si se les deniega o no obtienen de las distintas administraciones públicas el cumplimiento de este derecho, “porque este es un derecho humano básico fundamental, recogido en el artículo 31 de la Carta Social Europea, pero también el 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”,
También, como ha recordado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “se trata de una demanda contra el Reino de España y, por tanto, implica a todas y cada una de las administraciones competentes en la materia, tanto el Gobierno, como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos”.
“Hasta ahora el artículo 47 de la Constitución es más declarativo que efectivo y ese es el cambio que queremos efectuar a través de esta demanda. Queremos que esto se convierta en un derecho que se pueda ejercer y reclamar ante las administraciones públicas y creemos que hay que dar este paso en un momento en que la imposibilidad de acceder a la vivienda requiere medidas y decisiones urgentes”, ha afirmado Álvarez.
También ha defendido que “hay que intervenir el parque de viviendas vacías en nuestro país respetando los derechos de los pequeños tenedores de vivienda, –que muchas veces utilizan el alquiler de una vivienda para complementar una pensión o un salario–pero además, hay que trabajar a medio y a largo plazo, previendo un parque público de vivienda que, como ocurre en otros países de Europa, permita que el acceso a la vivienda no sea un lujo inalcanzable, sino un derecho exigible “.
Para Luján, “la Ley de Vivienda pretende llegar al 20% de tasa de vivienda social, pero en un plazo de 20 años y la sociedad española no puede esperar 20 años”. Además, ha completado, “el Estado tiene que garantizar que los salarios permitan, como exige la Carta Social Europea y nuestra propia Constitución, una vida digna. Si no se interviene en el mercado de la vivienda hay riesgos extraordinarios de pobreza”.
Más competencias y más vivienda pública
Para CCOO, es preciso hacer cumplir la Ley por el Derecho a la Vivienda, ampliando la competencia de declaración de zona tensionada a las entidades locales, en caso de que las Comunidades Autónomas no lo hagan; condicionar la financiación del Estado en materia de vivienda al cumplimiento de la Ley, y en el caso del Bono Joven para el Alquiler a la cofinanciación de las Comunidades Autónomas y a un efectivo control de precios para que no se traslade directamente a los mismos.
También reclaman la modificación de la Legislación Hipotecaria para facilitar el acceso al crédito hipotecario de las personas trabajadoras, limitando las cuotas al 30% de los ingresos del hogar, y estableciendo un tipo máximo “de usura” para préstamos hipotecarios a tipo fijo, como el vigente en Francia, referenciado a los tipos de la deuda pública a largo plazo.
Reitera así mismo, su petición de regular y limitar las viviendas de uso turístico gravando su actividad al 21% IVA en las zonas tensionadas y endureciendo los requisitos para evitar que los propietarios utilicen fraudulentamente la figura del alquiler temporal o habitacional.
CCOO incluyó entre sus propuestas la creación e impulso por parte del Estado de un Fondo de Inversión destinado a la financiación de viviendas en alquiler a precios asequibles (FIVA), que financie la constitución y construcción de 50.000 viviendas asequibles anuales –2 millones en una década– mediante la inversión de pequeños ahorradores familiares e inversores institucionales sin carácter especulador.
Se trata de adatar a España modelos como el utilizado en Francia (Livret A), Austria, mediante la regulación de asociaciones que promueven y gestionan un parque amplio de vivienda asequible, o Países Bajos, con garantía pública para la promoción y gestión de este necesario parque de vivienda asequible, por ejemplo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
