Las organizaciones sindicales consideran un “avance” la norma sobre salud laboral de las trabajadoras de hogar

Las organizaciones sindicales consideran un “avance” la norma sobre salud laboral de las trabajadoras de hogar
Las organizaciones sindicales consideran un avance el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros para mejorar la prevención de riesgos de las trabajadoras de hogar y la atención a domicilio, aunque con algunas sombras.

La “incomodidad” con la nueva disposición, en realidad, tiene que ver con la inclusión de los servicios prestados a través de las empresas de atención a domicilio en el real decreto.

“Son empresas que buscan legítimamente un beneficio, que se rigen por un convenio colectivo y cuentan con representación sindical”, explica el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que hubiera preferido dotar a la negociación colectiva sectorial de mayor autonomía en esta materia.

En la misma línea, se ha manifestado, el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, “ya en las alegaciones, manifestamos que no entendíamos la inclusión de las trabajadoras de la ayuda a domicilio, dado que en este caso son las empresas las que tienen la responsabilidad de prevenir los riesgos laborales”.

A pesar de ello, “vamos a seguir trabajando y esforzándonos para aprovechar lo que dice la norma y matizar y perfeccionar las disposiciones, con el objetivo de mejorar la salud de este colectivo, formado en su mayoría por mujeres”, ha comentado Sanz.

Por lo demás, Luján considera que “se trata de un avance significativo en cumplimiento de una obligación internacional derivada de la firma del Convenio 189 de la OIT que camina en la dirección correcta para proteger fundamentalmente a mujeres migrantes, que son las que mayoritariamente están cuidado de nuestros hogares, de nuestros mayores y de nuestros hijos e hijas y que históricamente han tenido las condiciones de trabajo más precarias”.

Este real decreto que contempla la autoevaluación de riegos laborales del empleo dentro de los hogares por parte de los empleadores y la vigilancia de las enfermedades laborales a través del Sistema Nacional de Salud supone “un paso firme”, en palabras de Luján, para la mejora de la salud de este colectivo de trabajadoras.

Para el sindicalista, las familias, como empleadoras, van a poder a partir de ahora, sin grandes esfuerzos económicos y administrativos, “contribuir a mejorar la salud laboral de las empleadas, con la ayuda del Estado, que es quien asume el coste de los trámites y las acciones de prevención”.

No obstante, reconoce que las organizaciones sindicales todavía querían ir más allá. “Nos hubiera gustado un poco más de ambición para evaluar los riesgos ergonómicos, psicosociales y organizativas”, ha afirmado, aunque reconoce que ha habido que hacer “muchos equilibrios” para conjugar “la inviolabilidad del domicilio, las dificultades de gestión y de recursos de las familias con los derechos de las empleadas”.

También puedes leer —  Las plataformas de reparto se mueven ante la ley rider

Para el vicesecretario de UGT, en definitiva, el resultado ha sido “razonablemente satisfactorio”, que se une a las medidas adoptadas en 2022 de incluir a las empleadas del hogar en en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y reconocer su acceso al desempleo, en lo que supone una de las regulaciones de esta actividad más avanzadas de Europa.

El responsable de CCOO, Mariano Sanz, coincide en que esta nueva ley “da respuesta a uno de los grandes vacíos normativos en salud y seguridad laboral que era lo que ocurría en el ámbito del hogar”, y que figuraba como un compromiso pendiente en el anterior real decreto sobre el sector 16/22.

“Es un avance importante que las organizaciones sindicales venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, conscientes de que estas mujeres han estado invisibilizadas a pesar de sufrir lesiones musculoesqueléticas, estar expuestas a los riesgos químicos y psicosociales”, completa Sanz.

Dudas que se tienen que despejar

Con todo, reconoce que hay “lagunas que esperamos se vayan aclarando con el tiempo, porque habrá que ver cómo resulta la evaluación de riesgos por parte de personas usuarias dependientes con dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías”.

Del mismo modo, habrá que seguir con atención cómo se realiza la vigilancia de la salud de la empleadas del hogar, dado que, señala Sanz, todavía “está a expensas de un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas para que los servicios de prevención hospitalarios asuman esta tarea”.

La propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con la aprobación de esta ley se corrigen “45 años de errores legislativos”, que partían de que este trabajo “no tenía valor por el hecho de estar prestado por mujeres”.

Es más, ha vuelto a hablar de un “día histórico” que acaba con una discriminación también histórica y ha recordado la lucha de las propias trabajadoras del hogar por conseguir la igualdad de derechos con el resto de la población trabajadora.