La iniciativa ciudadana europea por un impuesto a la riqueza lejos del millón de firmas necesarias
La iniciativa ciudadana de ámbito europeo por un nuevo impuesto a la riqueza cuenta ya con 278.629 firmas, todavía lejos del millón necesario para que sea considerada por la Comisión Europea.
Personalidades de partidos políticos, ONG, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil han redoblado sus esfuerzos para pedir a la Comisión Europea establezca un impuesto europeo sobre la riqueza elevada. La iniciativa ciudadana “Tax the Rich” de ámbito europeo requiere del apoyo de un millón de ciudadanos y ciudadanas antes de octubre de 2024.
En España, apoyan la propuesta entidades como ATTAC, la Plataforma por la Justicia Social, Oxfam, Ecologistas en Acción o el sindicato CCOO. El impuesto reclamado puede constituir un nuevo recurso para que la Unión Europea (UE) refuerce las políticas europeas de transición medioambiental y social y de cooperación al desarrollo, en cofinanciación con los Estados miembros.
Los impulsores parten del “fracaso de las políticas económicas, fiscales y sociales aplicadas por los gobiernos nacionales y la Unión Europea, que han debilitado los sistemas sanitarios, los servicios públicos, la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, etc”.
Sin embargo, recuerdan que el Tratado de la Unión Europea reconoce que su objetivo es “el bienestar de sus pueblos, luchar contra la exclusión social y garantizar la justicia y la protección sociales (artículo 3), por lo que sus instituciones deben garantizar una mayor equidad, en particular en materia fiscal.
Con todo, las desigualdades no han dejado de aumentar, hasta el punto de que hoy el 1% más rico del planeta posee casi la mitad de la riqueza mundial, y ese mismo 1% emite también más emisiones de CO2 que la mitad más pobre del planeta.
El nuevo gravamen podría servir para financiarse las políticas de transición ecológica y social. La próxima directiva sobre la introducción de un nivel mínimo mundial de imposición para los grupos multinacionales en la Unión Europea ya ha demostrado que la Unión es capaz de acordar una mayor equidad fiscal.
En términos más generales, la Conferencia sobre el Futuro de Europa subrayó la necesidad de armonizar la política fiscal y de utilizar esta palanca para combatir la crisis medioambiental, a través, por ejemplo, del Fondo de Facilidad y Resiliencia (FRR), los fondos Green Deal y la política de cohesión.
De salir adelante la Comisión Europea tendrá la legitimidad suficiente para presentar una propuesta de directiva por la que se cree un impuesto europeo sobre las grandes fortunas, sobre la base del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
Financiar una transición ecológica y social justa
Este artículo permite al Consejo adoptar, por unanimidad, directivas para la aproximación de las legislaciones nacionales, en particular en el ámbito de la fiscalidad directa, cuando éstas incidan directamente en el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior, se deberán impulsar planteamientos estratégicos comunes y acciones coordinadas para maximizar el impacto positivo de esta nueva herramienta fiscal.
La Comisión Europea por su parte puede proponer una modificación de la Decisión 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, relativa al sistema de recursos propios de la Unión Europea, con el fin de que el impuesto europeo sobre el patrimonio contribuya al sistema de recursos propios de la Unión Europea.
Desde 2020 diversas instituciones europeas defienden la conveniencia de sumar nuevos recursos propios, en particular que permitan hacer frente al reembolso de los compromisos financieros contraídos por la Comisión para financiar el Plan Europeo de Recuperación. Esta nueva fuente de financiación debería destinarse a una transición ecológica y social justa, alimentando las políticas de la UE y de los Estados miembros dedicadas a este fin.
La campaña “Tax the Rich” pide a la Comisión Europea que presente propuestas de reglamentos para reforzar el Fondo de Resiliencia y Preparación (FRP), los fondos vinculados al Green Deal y la política de cohesión.
En caso necesario, apuntan los impulsores de la iniciativa, podrían movilizarse a tal efecto otras bases jurídicas, como las disposiciones sobre medio ambiente (artículo 192, apartado 1, del TFUE), empleo y política social (artículos 149 y 153 del TFUE) y cooperación al desarrollo (artículo 209 del TFUE).
Redactor jefe de Noticias Obreras
