La Iglesia pide un “pacto de Estado” para la acogida e integración de menores migrantes

El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Xabier Gómez, pide “un pacto nacional de migraciones”, tras la negociación fallida entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para acoger a los menores migrantes solos en Canarias.

El religioso que dirige el departamento episcopal de Migraciones recuerda que “la legislación internacional y los derechos humanos, así como los derechos de la infancia o los tratados internacionales que España reconoce, son claros en cuanto a la prioridad de la protección de la infancia y los menores de edad en riesgo o en caso de ser migrantes o refugiados no acompañados”.

También la legislación española establece con toda rotundidad que los derechos de niños, niñas o adolescentes migrantes, su protección, tutela y custodia es responsabilidad de las administraciones públicas. “En este caso, responsabilidad y competencia de cada Comunidad Autónoma”, apostilla Gómez, quien explica que “los Estados son responsables de estos menores, de garantizar su cuidado y protección hasta que alcancen la mayoría de edad.

Igualmente, la Doctrina Social de la Iglesia “sitúa en el centro de cualquier decisión o ley el bien de la persona y su dignidad, en este caso el bien de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. En esta misma línea ya se han pronunciado tanto los obispos de Canarias como el episcopado español en su conjunto.

Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana recientemente hicieron suya la nota “Una luz de esperanza para los menores migrantes”, de  las diócesis de las Islas Canarias y expresaron “junto con las entidades de Iglesia que trabajan con y para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes, subrayamos que su protección e integración es un deber ante las leyes españolas y europeas y un bien moral que todo católico ha de promover”.

En la rueda de prensa del 4 de julio, sobre el acuerdo para la acogida de personas migrantes menores de edad, el secretario general del episcopado español, César García Magán, declaró que “tendría que ser un pacto de Estado y no etiqueta partidista”.

La mirada cristiana, además, “promueve un modelo de acogida y acompañamiento integral, no se conforma solo con cubrir las necesidades básicas de la persona, estos niños necesitan entornos que permitan procesos lo más personalizados posibles”.

Peligro de instrumentación política

En su opinión es un “error” mantener la negociación entre partidos o administraciones dentro de “un marco ideológico con el peligro de instrumentalización política que ello supone”.

De ahí que exclame que “España necesita con urgencia un pacto nacional de Migraciones que aborde todos los desafíos y recoja las propuestas de tantos actores sociales o políticos implicados o concernidos”. “Basta de parchear o esperar a los momentos de crisis humanitarias”, puntualiza.

Destaca Gómez que “la mejor política migratoria es la que sepa adelantarse, prevenir, ordenar, integrar”, por lo que reclama “luces largas” ante este fenómeno.

Actualmente, plantea, “hay una dispersión de competencias, visiones políticas cortoplacistas que no favorecen un diálogo constructivo que coloque en el centro la dignidad de la persona y el bien común”.

De hecho, reconoce haber sentido “vergüenza” durante las negociaciones entre el Gobierno central y la Comunidades Autónomas para la acogida de migrantes menores de edad.

“Es increíble que haya libertad de movimiento para las mercancías y el capital y tantas restricciones para las personas empobrecidas o según su país de procedencia”, se lamenta Gómez.

En este sentido, explica su indignación porque “se hablaba de ellos” pero “poco se habla con ellos, y se les reduce a número…”, y denuncia que “no puede ser una subasta”. Después de todo, apunta, “estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, de personas”. Además, se pregunta, “¿Por qué el prejuicio les presenta como amenaza?”

En un intento por combatir los estereotipos, plantea que también hay “parte de la población joven con nacionalidad española no estudia, ni trabaja”, pero “nadie les señala como futuros delincuentes”. En todo caso, argumenta, “nos lleva a pensar que “está fallando en el sistema educativo español”.

De ahí que pida dejar a un lado “la demagogia”, para que como sociedad nos centremos en “buscar en soluciones transversales, aunque lleven más tiempo y esfuerzo”.

Política integral

Deja patente el responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal que “no se trata de legislar desde el buenismo, sino de cubrir todos los aspectos: el problema en los países de origen, de la inmigración ilegal, de las rutas de muerte, de las políticas y leyes, de la seguridad, de los derechos de las personas, el derecho al trabajo…”

Es más, la política debería contribuir a que se pueda “demostrar que una persona quiere trabajar y arraigar”, favorecer “la cultura del encuentro y la mediación…”. abriendo “vías legales y seguras”.

En definitiva, hay que “abordar qué estamos haciendo bien y que no”. “Lo que hasta ahora hay aboca a muchos menores al sinhogarismo, a la supervivencia”, declara.

En cuanto a una política migratoria consensuada, pero sobre todo al margen de disputas partidistas y estrategias electoralistas, detalla que “no basta con parchear leyes, excusarse con que la UE permite o no, utilizar la migración con fines electorales…, hay un desafío que abordar”.

Ahí es donde llama a la responsabilidad de los “diferentes ministerios, Comunidades Autónomas, ayuntamientos”, porque, al final, “todas las administraciones públicas pueden trabajar y coordinarse mucho mejor”.

Otros modelos de acogida

Lamenta, así mismo, que no se estén planteando “otros modelos de acogida, en lugar de grandes centros donde se aparcan a estos jóvenes hasta que cumplan los 18 años”, y no entiende “por qué no se explora el patrocinio comunitario, las acogidas temporales en familias supervisadas y bonificadas por las administraciones”.

Insiste Gómez en que hay que preguntarse “quien y cómo trabaja para evitar que estos niños y niñas queden atrapados en el bucle del sinhogarismo al cumplir los 18”. Lo que desde su visión, habría que garantizar es que “su estancia temporal a cargo de las entidades que les acogen sea aprovechada al máximo para facilitar su tránsito a una vida de mayoría de edad responsable, pensando en cómo capacitar y favorecer su integración laboral, social, etc., ayudando a que estos menores se sientan sujetos proactivos en cuanto a sus derechos, pero también a sus deberes en relación a su autonomía y al país que les acogen”.

Es incomprensible que cuando “se necesita mano de obra cualificada y hay jóvenes que se quieren cualificar” no se esté teniendo esto en cuenta, clama. Lo que propone es promover “procesos  de acompañamiento donde se reconozca el esfuerzo de quien quiera formarse y trabajar, como a cualquier otro joven español”, puesto que “la realidad muestra que cuando se hace con ellos procesos personalizados muchos se integran con autonomía en la sociedad”. Es más, matiza, “el modelo de acompañamiento de las entidades de Iglesia debería ser un referente cualificado para trabajar con ellos”.

Así como la Doctrina Social de la Iglesia y el Evangelio “es la vacuna para contrarrestar el virus del racismo y la aporofobia”, concluye, “proteger a estos menores es un bien moral para todo católico”,

Para remarcar sus palabras, recuerda que “lo dice el Papa Francisco, lo repiten los obispos en Canarias y en España”. Eso sí se pregunta “si toman nota los laicos católicos vinculados a la política y si todos dentro de la Iglesia “tomamos nota”.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras