SOS Racismo denuncia que instituciones y sociedad reconocen el racismo estructural pero solo a nivel teórico
“Tenemos el deber moral, ético y de justicia social de avanzar de forma urgente en la erradicación de estos episodios racistas”
Un total de 569 actos de racismo y discriminación de personas racializadas se produjeron en el año 2023, según recoge el Informe Estadístico del racismo en el Estado Español 2024 elaborado por la Federación SOS Racismo. La cifra refleja las denuncias recibidas en sus oficinas de información, atención y denuncia de Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya.
Incidentes racistas y discriminación, racismo institucional, agresiones y conflictos racistas, limitación del acceso a prestaciones públicas y privadas y discriminación laboral son los grandes apartados de esta radiografía del atropello de derechos de las personas racializadas. Los resultados de este informe de carácter anual han ido evolucionando desde las 300 denuncias en 2016 a las 569 el pasado año, con un pico de nada menos que 740 en 2022.
Elena Stasi, coordinadora del informe, explica que un cambio metodológico ha permitido afinar criterios y establecer una fotografía más nítida del racismo en la sociedad y las instituciones españolas, y no lanza las campanas al vuelo por la disminución en el último año. “No podemos celebrar esta disminución como un progreso en la lucha contra la discriminación sino, por el contrario, deberíamos tomarla como una señal de alerta de que aún queda mucho trabajo por hacer en la sensibilización y la prevención de la discriminación. Si bien es alentador ver una reducción en los informes de incidentes discriminatorios, no podemos permitirnos caer en la complacencia”.
La responsable del informe pone el foco en la necesidad de contextualizar los datos en un marco más amplio. “Al observar los números de los últimos diez años, en el cuadro anterior, hay un total de 3,453 denuncias recibidas, con sus variaciones anuales, surge una imagen más completa de la persistencia de la discriminación en nuestras sociedades”.
Denuncias
Llama la atención la alta proporción en el total de denuncias recibidas las registradas por el trato racista en las instituciones con 215. Las encabezan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (92), trámites de extranjería (60), nacionalidad (36), otros (24) y centros de internamiento de extranjeros (3). Le siguen las 117 denuncias por conflictos y agresiones racistas que se dividen en las producidas en el espacio público (60), vecinales (23) y otros (34). Hay otro tercer bloque con 66 denuncias, el de la discriminación laboral. Un 49% de las denuncias se dirigieron a las justicia ordinaria en sus jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa. En el otro 51% de los casos, no se acudió al sistema judicial por diferentes impedimentos o no querer denunciar. En esos casos, se optó por ir al Defensor del Pueblo, acudir a procesos de mediación y otros no judiciales. Los principales impedimentos que refleja el informe para denunciar son las posibles contradenuncias y –en el caso de denunciar a los cuerpos policiales– hacer frente a la férrea defensa de los abogados de los policías inculpados, lo que puede llevar a la tensión emocional y revictimización de las personas racializadas. En las vías no judiciales, se recogen resultados positivos en espacios de diálogo, comprensión mutua y reconciliación.
SOS Racismo relaciona varios de los casos de abusos policiales, humillaciones y trato discriminatorio. Uno de los más duros fue el de un joven que facilitó un registro policial, cuestionó el porqué de este y le dieron con la cabeza contra un desagüe para después inmovilizarlo en el suelo con un policía presionando el cuello del inmigrante con una rodilla. En Cataluña, seis Mossos D’Esquadra fueron expulsados por llamar “negro de mierda” a un joven. Además, un ertzaintza fue condenado por abofetear a una mujer mientras un joven fue insultado, agredido y vejado por seis policías.
Discriminación y abusos en el servicio doméstico
El servicio doméstico es un sector donde se recogen situaciones de discriminación y abusos, propiciados por las condiciones injustas que desafían la dignidad y vulneran los derechos de miles de mujeres. El informe relata el caso de una mujer que trabajaba en un invernadero de Guipúzcoa y como empleada de hogar del empleador, sufriendo agresiones sexuales y humillaciones. Cuando la víctima rechazó las agresiones, tuvo que ver como se le aumentó la jornada laboral y el salario bajó de los 1.200 a los 900 euros.
El informe de SOS Racismo se propone aflorar los ámbitos en los que con mayor frecuencia se producen actos racistas y discriminatorios, identificar a sus responsables, analizar el recorrido de las denuncias y sensibilizar a la sociedad sobre lo que ocurre día a día. Por último, plantea medidas y actuaciones concretas para combatir la discriminación en todas sus formas y manifestaciones. Estas se articulan en el siguiente decálogo:
- Normas jurídicas y políticas con las que abordar la realidad del racismo y la discriminación de forma transversal desde una mirada antiracista y feminista.
- Desarrollo de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación.
- Mejorar el cumplimiento de las normas y avanzar más allá en la denegación de acceso a servicios públicos y privados.
- Recursos suficientes en procesos de personas afectadas por el racismo institucional.
- Mejora en la formulación de políticas públicas. De la lucha contra el racismo al antiracismo.
- Nuevo modelo policial. Transparencia y rendición de cuentas.
- Inversión en políticas antiracistas comunitarias. Lucha frente al racismo, las agresiones y conflictos vecinales.
- Nuevas formas de gestión del conflicto. Justicia restaurativa y mediación comunitaria.
- Empoderamiento de las personas y comunidades racializadas. Que conozcan sus derechos y cuando una situación excede “de lo normal”.
- Mirada a largo plazo. La existencia de racismo estructural se admite, pero en la práctica se queda en el plano teórico.
Existe un consenso en asumir la existencia del racismo estructural por parte de todas las personas e instituciones participantes en el informe, Administraciones públicas, grupos políticos, academia y un largo etcétera. En la práctica la discusión se queda en un plano teórico y simbólico que, según denuncia SOS Racismo, “nos está impidiendo ir más allá. Una parálisis que tiene un efecto secundario, que son las personas que han sido, son y serán víctimas de episodios racistas y que son las verdaderas protagonistas de nuestros informes. Es por ellas, por las que tenemos el deber moral, ético y de justicia social de avanzar de forma urgente en la erradicación de estos episodios racistas”.
Periodista.
Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga
