Denuncian el intento de desalojo de una familia para acoger a otra
Activistas de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI), entre otros, se han manifestado a favor del ejercicio del derecho a la vivienda y en contra el desalojo de una familia de Jabalquinto (Jaén).
La movilización reclama, en primer lugar, que se cumpla el decreto gubernamental que impide los desahucios a familias vulnerables hasta el año 2028 en supuestos de vulnerabilidad, urgencia y estados de necesidad.
La situación de Mirian y sus dos hijos de 8 y 11 años ha sido reconocida como de vulnerabilidad y entre dentro del colectivo necesitado de especial protección, según reconocen los servicios sociales del ayuntamiento de la localidad jienense.
Al verse en la necesidad de disponer de un hogar, hace dos años entraron, sin esperar a la resolución de su solicitud por la Administración en una vivienda pública en Jabalquinto. Pero recientemente un juzgado a petición de la propietaria del inmueble, la Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA), y con el visto bueno del alcalde de la localidad ha decretado la orden de desalojo, para albergar a otra familia también en situación de vulnerabilidad.
El viernes, 21 de junio el director y un técnico de AVRA, el alcalde de Jabalquinto, el delegado de Vivienda, activistas de la PAH y la familia afectada mantuvieron una reunión en la Delegación de Vivienda para abordar una posible alternativa al desalojo previsto. Precisamente, desde la PAH se puso en conocimiento de AVRA la existencia de dos viviendas de su propiedad en la provincia vacías esde hace años.
En un acto público convocado en el centro de barrio del Polígono del Valle, representantes de la Asociación de Vecinos PASSO, de la escuela vecinal del Polígono del Valle, del que fuera alcalde de Villargordo, Sebastián López y miembros de la PAH, además de otras personalidades, han presentado la petición registrada en AVRA en el Ayuntamiento de Jabalquinto y la subdelegación de Gobierno.
Además, se ha visionado un vídeo de Joaquín Sánchez, el cura antidesahucios de Murcia, que ha recordado que “los pobres están en la misma barca”, por lo que no es responsable intentar que luchen entre ellos. Ha pedido a los políticos que “no añadan más dolor a la familia que tomó una decisión desesperada pero muy humana, culpabilizándola o dando respuestas provisionales que generan mayor angustia”. Ha defendido que “las familia se merecen una salida justa y pacífica y los menores unas vacaciones de verano tranquilas”.
La PAH y numerosas entidades sociales insisten en que “no cabe el desalojo de una familia vulnerable para ubicar a otra, aun siendo legítimo, habiendo viviendas vacías que no han sido hasta el momento objeto de preocupación y ocupación para ambas administraciones: el ayuntamiento y la agencia andaluza”.
En una declaración a la que se han adherido la Parroquia de San Juan Bosco, la Fundación Don Bosco, el Club Juvenil DOSA, Cáritas Diocesana, la Pastoral del Trabajo, HOAC, Unión Provincial de CCOO Jaén, USO Jaén y CGT y a título personal la fiscal de familia, extranjería y personas con discapacidad, se puede leer:
“La PAH no puede aceptar un mecanismo de división entre vecinos y vecinas del municipio. Es muy lamentable entrar en la lógica de la confrontación entre vulnerables en torno a un bien básico y común como es la vivienda”, expone el movimiento contra los desahucios.
También considera que “no es buena pedagogía social castigar la ocupación por parte de una familia vulnerable que se ve abocada a esta situación en una localidad, en una provincia, en una comunidad y en un país donde no hay políticas de vivienda pública a precios asequibles para las familias trabajadoras y donde, por lo contrario, la vivienda y el suelo público han sido objeto de especulación y de ingentes beneficios para unos pocos”.
La PAH critica que la actual legislación antidesahucios “no sirve para que un juzgado indique a un Ayuntamiento que no puede dejar a una familia en la calle hasta que no halle una alternativa habitacional”, al tiempo que anuncia “futuras acciones para denunciar la falta de vivienda en la localidad de Jabalquinto”, después de haber informado al Juzgado de que la administración no ha ofrecido alternativa estable a esta familia vulnerable.
Reclama al alcalde de Jabalquinto que “en nombre de todas las personas que están en el Registro Municipal de la Vivienda del pueblo, a la espera de una vivienda pública para poder iniciar proyectos vitales, impida el desahucio de esta familia y que busque una alternativa justa y pacífica”.
Esta localidad, como tantas otras, “necesita un alcalde de todos y todas y eso pasa por asentar a la población, también a los vulnerables, también a Miriam y a sus dos hijos en una localidad que sufre el despoblamiento, despejando el terreno de luchas y conflictos entre vulnerables”, por lo que pide a la alcaldía de Jabalquinto que encabece la reivindicación de políticas de vivienda y medidas urgentes ante estas situaciones ante AVRA y el gobierno de la nación, solicitando que se aplique el decreto que impide los desahucios en supuestos de vulnerabilidad, urgencia y estados de necesidad y así evitar el deterioro de la localidad en materia de vivienda”.
“El interés general de un ayuntamiento pasa por evitar el despoblamiento exigiendo políticas de vivienda y empleo para sus gentes, fundamentalmente las más vulnerables. Al alcalde le corresponde defender al pueblo y a todos y cada uno de sus vecinos y vecinas a ultranza y situarse juntos a ellos y frente a AVRA y al gobierno exigiéndoles los recursos que ahora son urgentes”.
Además, demanda a los gobiernos municipales, el gobierno autonómico y central a que colabore para “abordar este derecho básico de la vivienda, llevando el decreto antidesahucios tan lejos como sea posible y consiguiendo inmuebles y alquileres asequibles para las familias vulnerables”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
