La precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda y la irregularidad administrativa perpetúan la pobreza, advierte Cáritas
A pesar de las mejoras macroeconómicas con el aumento de la tasa de actividad y el descenso del paro, la población más vulnerable de nuestro país no experimenta avances significativos en sus condiciones de vida, debido fundamentalmente a nuestro “modelo socioeconómico”, según la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro.
El 26% de la población de España se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión, siendo la cuarto mayor tasa de la Unión Europea (UE). La vulnerabilidad de las familias y personas en riesgo de exclusión no es, por tanto, una situación puntual, sino a “un cúmulo de circunstancias adversas”, entras las que destacan tres por encima de otras: “la perdida de la función protectora del empleo; “el encarecimiento del coste la vivienda”; “la irregularidad administrativa”.
Según ha explicado Natalia Peiro, durante la presentación de Memoria de Cáritas que da cuenta de las actividades correspondientes a 2023, persisten “las dificultades para romper el bucle de la exclusión de persona y familias”.
La mala calidad del empleo sigue siendo un factor determinante para mantener en la pobreza una parte muy importante de la población. La mitad de atendidas por la organización humanitaria de la Iglesia católica tenía un trabajo que no le permite cubrir el presupuesto doméstico esencial.
“La mejora de la tasa de actividad y la disminución del paro a lo largo de 2023 no se ha traducido en un aumento de la calidad del empleo, sobre todo para las personas en situación de exclusión social. Con una tasa del 11,9%, España sigue siendo uno de los países de la UE con mayor índice de pobreza laboral debido a la parcialidad, bajos salarios y temporalidad”, ha explicado la secretaria general de Cáritas.
Consciente de que el empleo represente un factor determinante para la inclusión, no solo por permitir la autonomía económica, sino también por permitir la participación plena en sociedad y el acceso a los derechos de ciudadanía, Cáritas ha reforzado su empeño, por un lado, en ampliar y mejorar los itinerarios orientados al empleo y por otro, en fomentar iniciativas de la economía social, sobre todo, empresas de inserción.
El año pasado, dedicó 21 millones más que el anterior hasta llegar a los 136 millones de euros para reforzar tanto la orientación laboral como la puesta en marcha de 68 empresas de inserción que ofrecen empleo digno y facilitan la incorporación al mercado laboral normalizado.
La red de empresas de la economía social de Cáritas dispone de 1.543 puestos de inserción, gracias a los cuales el año pasado 2.348 personas han mejorado su empleabilidad en un entorno real de producción, desarrollando sus competencias laborales y personales. Unas 400 persona lograron un empleo en el mercado laboral ordinario, tras tras su paso por estas iniciativas.
Es la partida que ha supuesto un “mayor esfuerzo económico”, por ser una estrategia más compleja, ha asegurado la secretaria general de Cáritas, pero también con un “efecto recuperador más importante en las personas”. En concreto, en 2023 Cáritas destinó 136.826.093 euros a este apartado, el 28,12% de su presupuesto.
Empleo digno
Como ha reconocido, Peiro, su aspiración es que “los empleos de inserción sean de calidad suficiente para enfrentar los miedos y multitud de obstáculos para poder incorporarse al mercado laboral ordinario”, aunque también esperan con ello “incidir y cambiar el modelo y demostrar que estas iniciativas tienen rentabilidad económica también, pero sobre todo social”.
“En nuestro día a día nos topamos con muchas personas haciendo grandes esfuerzos por superarse, por aprender, por adquirir nuevas competencias, por superar la brecha digital y por enfrentarse a sus miedos y a la multitud de obstáculos que encuentran en su camino”, ha señalado Peiro.
Sin embargo, en muchas ocasiones, esto no es suficiente para alcanzar un empleo digno. Y ello es porque nuestro sistema socioeconómico, basado en la rentabilidad económica, la acumulación, el individualismo, la competencia y el consumo desmedido, nos sigue conduciendo a unos índices de desigualdad creciente, una precariedad laboral en aumento y un avance en la degradación del medio ambiente, incompatibles con la justicia social y la igualdad en el acceso a derechos”, ha insistido la secretaria general de Cáritas española.
“Para conseguir una integración social plena, no basta con cualquier empleo, es necesario que todas las personas puedan participar en el desarrollo económico, contando con unas condiciones de trabajo dignas”, se lee en la memoria de Cáritas que junto a entidades como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), promueven la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.
Irregularidad administrativa
Un tercio de las solicitudes de apoyo recibidas partían de personas en situación administrativa irregular, expulsadas de sus países de origen por razones muy diversas y sin posibilidad de acceder al empleo normalizado, alquilar con seguridad una vivienda o recurrir sin miedo a los servicios públicos.
La organización de Iglesia católica para la atención humanitaria no solo trata de regularizar su situación, a través del asesoramiento jurídico, entre otras acciones, sino que también se ha unido a la campaña Regularización Ya que consiguió el apoyo ciudadano más que suficiente para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que todavía está tramitación en el Congreso.
Además, participó activamente con sus propuestas en la elaboración de la ley por el derecho a la vivienda, que finalmente incluye la vivienda de emergencia para personas extranjeras en situación administrativa irregular.
La vivienda, un pozo sin fondo
Según han podido constatar la red de atención de Cáritas, las personas que llegan a las parroquias, centros diocesanos y entidades que integran su red, “tienen cada vez más dificultades de acceso a determinados derechos” y muestra “agotamiento ante el esfuerzo continuo para resolver sus necesidades básicas”.
Sus estudios han revelado que tres millones de hogares (16,8%) quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagado los gastos básicos. La vivienda y el pago de suministros se ha convertido en un gran pozo sin fondo que desequilibra las economías de millones de familias en nuestro país.
Los hogares a los que Cáritas ha prestado su acompañamiento dedican el 70% de sus ingresos a pagar gastos esenciales, en especial el alquiler, que ha experimentado un incremento del 13%, y los suministros domésticos básicos. De hecho, el 80% de las ayudas prestadas por Cáritas se han dirigido a hacer frente al pago de los suministros, el alquiler y otras necesidades básicas.
Presupuesto récord
Durante 2023, Cáritas invirtió la cifra récord de 486,5 millones de euros –29,3 millones de euros (6,4%) más que el año anterior– en sus diferentes recursos y proyectos dentro de España y en acciones de cooperación internacional en terceros países, con lo que prestó apoyo a 2.567.680 personas dentro y fuera de nuestras fronteras.
De ellas, 1.327.298 dentro de España y 1.240.382 en Cooperación Internacional. El número de personas atendidas en nuestro país volvió a estar en niveles similares de 2019, el año anterior a la pandemia (1.403.299).
Redactor jefe de Noticias Obreras
