Gobierno y sindicatos se acercan al acuerdo sobre las antiguas prácticas no laborales
La última propuesta ministerial sobre la cotización de las prácticas no laborales antiguas se acerca, “pero no lo suficiente”, a las demandas sindicales.
Los sindicatos han reconocido el esfuerzo del Gobierno por atender las reclamaciones de antiguos investigadores y becarios e incorporar algunas de las propuestas sindicales para mejorar la orden ministerial 386/2024 por la que se puede suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para mejorar la pensión futura de este colectivo.
De la reunión adelantada de la mesa de diálogo social sobre Seguridad Social para terminar de perfilar los requisitos de acceso al convenio especial que reconocerá derechos de cotización de las prácticas y becas no laborales antiguas, las organizaciones de trabajadores salieron moderadamente optimistas.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, valoró que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, haya “modificado su posición con lo que se aproxima, pero no de manera suficiente, a la regulación que estaba en vigor desde 2011”.
Para los sindicatos resulta positivo que se mantengan las bases de cotización del año en que se realizaron las prácticas y que el número de años cotizados que se puedan recuperar se amplíe hasta siete, cinco ahora más los dos permitidos en 2011.
Con todo, las organizaciones de trabajadores siguen reclamando alargar los plazos de duración de estos convenios especiales y mejorar el pago fraccionado que, en palabras, de Bravo, “no está bien perfilado”.
El Gobierno quiere cerrar ya este aspecto que viene coleando desde la última reforma de la Seguridad Social, entre otra cosa, porque la orden ministerial ya publicada entrará en vigor el 1 de junio. Sin embargo, los sindicatos quieren que se “cierre bien” y han pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz acceder al articulado completo de las nuevas disposiciones.
Los negociadores sindicales insisten en que se trata de articular “la forma de poder de reconocer derechos a personas que han estado durante muchos años trabajado con una retribución y tributando a Hacienda sin reconocimiento a efectos de la Seguridad Social”.
De hecho, Bravo ha reconocido que “es una pena que una medida como esta, que está teniendo un resultado espectacular, esté siendo nublada por este debate”, en relación a la obligación de cotizar de todas las prácticas formativas no laborales necesarias ahora para acceder a las titulaciones académicas establecida desde el 1 de enero de este año y la extensión de la protección social a quienes se encontraban en una situación similar en el pasado.
La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, también ha afeado que el cambio normativo se esté llevando a cabo “deprisa y corriendo”. En su opinión, de haberse negociado desde el principio en la mesa de diálogo social “se habría llegado a una buena resolución”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
