20 años del 11-M y otras tantas tesis sobre la mentira política y la pseudocracia
Los infundios sobre el 11-M desde hace 20 años no solo han degradado la ética periodística, sino que, además, erosionan las instituciones democráticas, alteran la convivencia social y desplazan a la sociedad civil, como plantea, en este Tema del Mes, el experto en comunicación Víctor Sampedro.
Los bulos sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 siguen vigentes y han dejado una herencia envenenada. Constituyen los peores infundios lanzados desde un Gobierno y medios con tanta audiencia. Cuestionan la identidad de los verdugos de una de cada dos víctimas mortales por terrorismo caídas en Madrid y una de cada cinco, en toda España.
Quien cuestiona la autoría yihadista del 11-M –y son muchos– revictimiza a los afectados impidiéndoles colocar una placa o lápida que denuncie a sus verdugos. Además, acusa al PSOE de haber vencido en las urnas tras urdir o encubrir un atentado terrible. Así se destrozan familias condenándolas a un duelo eterno. Así se criminaliza al adversario electoral.
No existe peor conspiranoia ni más longeva en nuestro entorno. La (auto)censura periodística, unida a la nula rendición de cuentas y a una cultura democrática fallida, nos han sumido en la involución del debate público y la degradación institucional. Cualquier solución pasa por reconocer el valor y dar protagonismo a la sociedad civil que desafía la mentira.
1. Vivimos en pseudocracia* (de pseudo, en griego, mentira), es decir, nos gobierna quien mejor miente. Las dos décadas transcurridas desde el 11 de marzo de 2004 arrojan un balance desolador: la mentira se ha instalado en las conversaciones cotidianas y las campañas electorales. La pseudoinformación es propaganda y relaciones públicas que se disfrazan de noticias. Cunde por doquier. Quienes aún sostienen una (posible) autoría etarra de los atentados no fueron desmentidos a tiempo y con la contundencia necesaria. Controlando las asociaciones gremiales, se saben impunes. Los réditos económicos y electorales explican que los principales embusteros del 11-M sigan ocupando cargos relevantes. Mienten desde sus búnkeres mediáticos y partidarios. En caso contrario, sus carreras públicas se habrían derrumbado hace 20 años.
2. Los conspiranoicos se blindan en un sistema pseudoinformativo que viene consolidándose desde 2004. Emiten noticias mal llamadas «falsas». Mejor, «noticias mentirosas»: encubren su intención persuasiva; por tanto, mienten arrogándose, además, la credibilidad de la información. José María Aznar presidía el Gobierno cuando se produjo el 11-M, que fue consecuencia de haber involucrado a España en la guerra de Irak. Siendo esta tan impopular, Aznar imputó aquellos atentados a ETA. En el aniversario de 2024, Aznar se parapetó tras la FAES. El think tank que preside y que, como pronto veremos, funciona antes como centro de intoxicación que de pensamiento. Por su parte, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, ínclitos mercenarios conspiranoicos, se reivindicaron desde los libelos digitales que ahora dirigen. Se sostienen inflando (comprando) las audiencias digitales y con publicidad institucional. Medran con la concesión clientelar de licencias de emisión, el apoyo financiero y la cartera publicitaria del Ibex 35. Federico Jiménez Losantos y Alfonso Urdaci, voceros de los bulos del 11-M en la COPE y TVE, recibieron en marzo de 2024 entrevistas masaje, rayando la obscenidad. «Medios» afines les blanquearon y otros foros de la (ultra)derecha digital ensalzaron su «talla profesional». Muchas redacciones de Madrid fueron purgadas después del 11-M. Acogieron a jóvenes licenciados en universidades privadas que tenían como docentes o referentes a los conspiranoicos. Por otra parte, una legión de youtubers y «comunicadores políticos» espurios han construido cámaras de eco con una gran difusión, pero carentes de civismo y veracidad. No proporciono vínculos. Encontrarán esta basura muy bien posicionada en la red. Pagan para que así sea.
La (auto)censura periodística, unida
a la nula rendición de cuentas y a una
cultura democrática fallida, nos han sumido
en la involución del debate público
y la degradación institucional
3. La prensa muestra nula (auto)crítica renunciando así a identificar a los pseudoperiodistas. Desde hace tiempo, un puñado de diarios digitales (inactivos en 2004), denuncian el uso «electoralista» de las víctimas de ETA y la revictimización de los afectados del yihadismo. No así otros medios con capacidad de influencia. Cabe destacar La Sexta, con el programa de Jordi Évole, El País o el libro de su exdirector Jesús Ceberio, La llamada. Presumen de «progres» pero esquivaron exigir y rendir cuentas para encubrir su dejación de funciones durante la crisis del 11-M y, por extensión, en estas dos décadas. Periodistas de renombre han justificado, nuevamente, algo inadmisible: que acataron las llamadas telefónicas de José María Aznar conminándoles a culpar a ETA. Creen que esa credulidad justifica tamaña falta de profesionalidad. Aunque reconozcan su error (solo faltaría) afirman que confirieron veracidad al presidente, debido a la entidad del cargo y a la magnitud de la masacre. Mejor harían reconociendo los intereses corporativos que explican su sumisión. Los embustes previos (sobre el Yak 42, el hundimiento del petrolero Prestige o las armas de destrucción masiva en Irak) exigían aplicar un filtro de veracidad mínimo: ¿qué evidencias existían de la autoría etarra? Ninguna, cabía responder en la mañana del 11 de marzo de 2004. Ninguna, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Ninguna, veinte años después. Ese tiempo tardó El País en elaborar un reportaje titulado «El gran bulo».
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Escritor y catedrático de Comunicación Política y Opinión Pública en el Departamento de Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos
