Los principales sindicatos apoyan la ILP de regularización extraordinaria
Los sindicatos CCOO y UGT finalmente han dado su apoyo a la consideración de la ILP sobre la regularización de personas migrantes, después de que el Congreso aprobase la continuidad de su tramitación, pero critican la consideración “subsidiaria” de los trabajadores migrantes
En una nota de prensa, CCOO considera “satisfactorio que el Congreso de los Diputados asuma y tome en consideración un mecanismo de participación política ciudadana como es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demuestra el interés de la ciudadanía en una cuestión crucial en nuestra sociedad como es la situación de parte de la población migrante que vive en España”.
El sindicato reconoce el “alto valor político y social intrínseco” que supone el hecho de que “todos los grupos del arco parlamentario, salvo la estrambótica y ultramontana extrema derecha de Vox, hayan apoyado la toma en consideración de la ILP, esto es, se haya asumido con normalidad y desde una perspectiva constructiva analizar la situación de un ámbito de la población extranjera que vive en España en situación de irregularidad administrativa a fin de facilitar su normalización y documentación”.
También UGT ha enviado su propia nota en la que “apoya la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas extranjeras”, un trámite con el que dicen estar “de acuerdo”.
Ambas organizaciones de trabajadores salen, también, al paso de las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de las que puede inferirse su respaldo a la regularización extraordinaria. El empresariado, según sus palabras, “no tiene ningún problema en que venga la gente de fuera para trabajar, porque hay muchas empresas buscando trabajadores”.
Además, afirmaba que “en España falta muchísima gente y hay muchos puestos de trabajo sin cubrir”, por lo que los empresarios y las empresarias “siempre han estado abiertos a que España sea un país de acogida como, en su día, otros países lo fueron para los españoles que salieron fuera”.
CCOO ha querido denunciar los “cantos de sirena de determinados sectores empresariales que reclaman más facilidad para contratar mano de obra en el extranjero cuando las vacantes del mercado de trabajo en España –según datos INE del cuarto trimestre 2023 y de EUROSTAT– siguen teniendo las tasas más bajas de la UE”.
Es más, insiste este sindicato, “lo que hay que promover es la dignidad de determinados sectores laborales en España cuyas condiciones laborales no resultan satisfactorias para las personas desempleadas y evitar así conceptualizar la mano de obra extranjera como subsidiaria sin perpetuar el modelo de precariedad laboral a costa de la población migrante”.
Igualdad de derechos también en el ámbito laboral
Por su parte, UGT se ha sentido en la obligación de alertar del riesgo de fomentar procedimientos que acaben por establecer una “diferencia de derechos en función de la capacidad económica de las personas o de quienes los contraten”, algo que considera “inasumible en un estado de derecho”.
Según explica este sindicato en su mensaje a los medios de comunicación, “los procesos de regularización típicos de una etapa en que la regulación de la migración se basaba en sucesivos procesos de regularización que no garantizaban los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores extranjeros no tenían efectos positivos en la lucha contra la economía sumergida, solo benefician en el largo plazo a quienes obtienen ventaja en el mercado de trabajo empleando de manera irregular o precaria”.
En cambio, el sindicato liderado por Pepe Álvarez pone como ejemplo de tratamiento garantista y equitativo el proceso de normalización del año 2005, “fruto del diálogo Social y el consenso tripartito”, que sirvió para “aflorar puestos de trabajo y garantizó derechos a las trabajadoras y trabajadores extranjeros”.
Tomando esta actuación de referencia, la organización de trabajadores y trabajadores plantea que “las autorizaciones de residencia excepcionales, también fruto del Diálogo Social son un instrumento que, a nuestro juicio, debe incorporar mejoras para conseguir el doble efecto de expulsar del mercado de trabajo a quienes se lucran contratando irregularmente o explotando y para dotar de derechos a trabajadoras y trabajadores extranjeros”.
Con esta argumentación, la central sindical refrenda “la decisión del Gobierno de modificar la “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” para eliminar de la misma los visados y las autorizaciones de residencia en los casos de compra de vivienda”, aunque recuerda, eso sí, que “la norma incluye otros supuestos de inversión, emprendimiento y trabajo que deberían ser revisados y, en todo caso, regulados en la normativa de extranjería”.
El sindicato CCOO matiza que se debe “analizar la situación efectiva de la irregularidad administrativa, obteniendo datos fiables y rigurosos y determinando cuales son las causas de su origen a fin de evitar su cronicidad y promoviendo mecanismos ágiles y efectivos para paliar la que ya existe”.
Este sindicato, que refleja que “las situaciones de irregularidad solo generan vulnerabilidad y deben ser erradicadas”, considera que la reforma integral del reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería debe contemplar “mecanismos de gestión de las migraciones, incluidos los destinados a evitar la irregularidad (arraigos, autorizaciones extraordinarias, etc.), más ágiles, efectivos y eficaces”. Pero advierte que para ello debe de abrirse “el proceso de consultas establecido con los interlocutores sociales a tal efecto y que se viene desarrollando desde 2004”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
