Entidades sociales y eclesiales piden limitar los periodos de irregularidad administrativa en la reforma de Extranjería
Seis entidades en realidades de migración y asilo piden aprovechar la oportunidad de la nueva reforma anunciada por el Gobierno para que sea más ambiciosa
Andalucía Acoge, Cáritas Española, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes han pedido al Gobierno limitar los periodos de irregularidad administrativa en la reforma del Reglamento de Extranjería.
En concreto, según han señalado, apuestan por una reforma legislativa “profunda”, que no se limite a simplificar los procedimientos administrativos, sino que amplíe el marco de protección y reconocimiento de derechos de las personas migrantes.
A juicio de estas entidades, la anterior reforma del Reglamento, realizada en 2022, pudo ser “más ambiciosa”. “La evaluación de su aplicación durante los dos últimos años ha permitido detectar cuestiones sin resolver y lagunas jurídicas que se traducen en impedimentos para la regularización administrativa de muchas personas que, aun contando con los requisitos establecidos, el sistema deja en la irregularidad”, han afirmado.
Reconocimiento de derechos
Las organizaciones han valorado “positivamente” la apertura de un nuevo proceso de modificación del Reglamento, cuya reforma se anunció el pasado mes de diciembre en el marco de la Conferencia Sectorial de Migraciones.
En este sentido, han considerado que “es necesario aprovechar esta oportunidad para limitar de manera efectiva los periodos de irregularidad administrativa de manera que se garantice el reconocimiento de derechos para todas las personas, ajustar los supuestos de arraigo a las circunstancias reales de las personas migradas, así como eliminar barreras que dificultan los procesos de reagrupación familiar y mejorar el acceso de las autorizaciones de residencia y trabajo para las víctimas de violencia de género, entre otros”.
Asimismo, han propuesto garantizar el acceso a la justicia y a la denuncia “segura” para las personas en situación administrativa irregular que son víctimas de delito, “primando la condición de víctima sobre su estatuto de residencia de manera que puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado/infractor”.
También han propuesto mejorar la consolidación de los avances en el acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo de los menores no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad, así como la incorporación de medidas “efectivas” de seguridad jurídica en los casos de devoluciones en frontera.
