Entidades sociales reclaman prohibir los cortes de energía a familias vulnerables
En la semana contra la pobreza energética, del 17 al 23 de febrero, medio centenar de organizaciones han pedido al Gobierno la prohibición de los cortes de luz, agua y gas a familias en situación de vulnerabilidad.
Las entidades sociales se han dirigido a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, para expresar su preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país y reclamar medidas de alivio a corto y medio plazo.
Parten de que el acceso a los suministros básicos ha de ser un derecho, por lo que entiende que deben prohibirse los cortes de suministros de energía y agua por impago sin consultar previamente la situación de las personas y familias afectadas. Precisamente es lo que desde el año 2015 establece en Cataluña la Ley 24/2015.
Las organizaciones firmantes advierten al Gobierno que las medidas de protección vigentes dentro del llamado escudo social “tienen un carácter temporal”, por lo que defienden avanzar hacia un marco legal estable “que avance en el Derecho a la Energía”. También recuerdan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) se ha desplegado hasta el momento solo parcialmente.
En concreto, proponen cuatro medidas urgentes para este año 2024, como son garantizar el acceso a los suministros básicos como derecho, prohibiendo el corte de suministros por impago, sin aplicar el principio de precaución; la ampliación y automatización de la concesión del bono social mientras se crea una tarifa social accesible; el cambio de la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social; y la creación de una mesa de trabajo con estas entidades para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).
A medio plazo, entienden que son necesario mecanismos y programas para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de renovables, rehabilitación y eficiencia energética; una nueva ley de eficiencia energética que desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables; y finalmente, medidas para prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia.
Igualmente, las organizaciones movilizadas contra la pobreza energética, entre las que se encuentran, asociaciones ecologistas, de consumidores, sindicales, contra los desahucios por derechos humanos piden al Gobierno su intervención para resolver la falta de suministro eléctrico desde hace más de tres años que sufre la población de la Cañada Real de Madrid.
Ocho millones de personas sin la temperatura adecuada en sus hogares
Según la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia la pobreza energética siguió creciendo en España en 2022. En su último informe revelaba que 4,3 millones de personas no pagaron facturas energéticas en fecha y casi ocho millones no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares.
La investigación señaló un aumento de los hogares tuvieron que dedicar más recursos para cubrir sus necesidades energéticas y de hogares que declararon no poder calentar adecuadamente su hogar. Por el contrario, la pobreza energética escondida severa no se incrementó, si bien permanecía en valores inasumibles por encima de los cuatro millones de personas. El estudio calcula que los bonos sociales eléctrico y térmico consiguió reducir la diferencia entre los gastos reales y los que deberían haber tenido en un 13%.
Redactor jefe de Noticias Obreras
