Reclaman mejoras en el ingreso mínimo vital para que sea eficaz contra la pobreza
El colectivo Renta Mínima Tu Derecho ha organizado una concentración frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración para denunciar la actual gestión del ingreso mínimo vital que no llega a todas las personas que lo necesita ni está siendo eficaz para combatir la pobreza.
Medio centenar de personas solicitantes del ingreso mínimo vital e integrantes de las entidades sociales de la plataforma RMItuDerecho se ha concentrado frente al Ministerio de Inclusión para protestar por la deficiente gestión de esta prestación. A pesar de que la movilización estaba autorizada por la Delegación de Gobierno, los servicios de seguridad han impedido la entrega en el registro del manifiesto elaborado.
La plataforma, que surgió para denunciar la gestión de la Comunidad de Madrid de la prestación a las personas vulnerables y ha extendido su reivindicación al ingreso mínimo, está formada por diversas organizaciones que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad, como la Asociación Apoyo, a la que pertenece Roberto Borda, quien denuncia que la prestación actual “no cumple el objetivo básico que era hacer frente a la situación de pobreza”.
En su comunicado, confiesan estar hartas de “tener miedo a fin de mes, estamos hartas del maltrato institucional en la gestión del IMV, con extinciones por razones tan dispares como tener un bebe o cambiar de domicilio por un realojo”. Además, han expresado su hartazgo por el hecho de que “el Gobierno que no nos iba dejar atrás se haya olvidado de nosotras y sea incapaz de mejorar la actual ley para adecuarla a la realidad de la vida de las personas empobrecidas”.
Entre las deficiencias de funcionamiento, señala Borda, está el tiempo de espera, que en algunos casos llega a los 10 meses para la primera solicitud, y la reducción e interrupciones de la prestación sin previo aviso, además de la inexistencia de un reglamento que desarrolle su implantación y evite la arbitrariedad.
Según ha relatado la trabajadora social del barrio madrileño de Carabanchel, Rosa García, a El Salto, el pasado noviembre recibió en solo dos días la llamada de 26 familias perceptoras del ingreso a las que les habían reducido notablemente o interrumpido la prestación, con justificaciones diferentes.
“No hay ni un protocolo que puedas seguir. Tienes que estudiar bien cada caso. Hacemos reclamaciones previas para todas las familias, reclamaciones que deberían de tardar 45 días en resolverse. La realidad es que estamos hablando de seis meses y mientras tú tienes una reclamación previa, no puedes volver a solicitar la vital”. Las familias, a menudo, se enteran de la retirada de la prestación al ver que no la reciben pasados los días habituales de cobro.
La Seguridad Social, que tarda meses en recalcular la prestación en función de las variaciones de ingresos y las circunstancias familiares, suele reclamar la devolución de las de cantidades entregada de más cuando ya no tienen ese dinero, contrayendo una deuda con la Seguridad Social. Sin embargo, los cambios en la unidad familiar tienen que ser comunicados antes de 30 días.
Para devolver “los pagos indebidos” se ha reglamentado que la prestación pueda reducirse hasta en un 70%, cuando para saldar otras deudas con la Seguridad Social está establecido que no se puede reclamar más del 15 o 20% de los ingresos con que cuenta la persona.
Tampoco parece que haya dado buenos resultados el cambio normativo para completar el ingreso mínimo con rentas del trabajo que ha entrado en vigor en 2023, puesto que no solo resulta compleja su aplicación, sino que acaba suponiendo para muchas familias menos ingreso totales.
La tramitación del ingreso mínimo, lejos de consolidarse como un “derecho subjetivo” está rodeada de una actitud que #RMITu Derecho no duda en calificar de “aporofobia”. Los múltiples requisitos que se deben demostrar, la infinidad de documentación que deben cumplimentar las familias y la constante supervisión a que son sometidas denotan el predominio de la sospecha y estigmatización hacia las personas solicitantes. De hecho, una parte de las personas que podrían percibir el ingreso vital no lo hacen, por falta de información y dificultades para su tramitación, pero también por temor a verse enredados por la propia Administración.
El propio Gobierno admite que al menos existen 139.659 personas que no han solicitado la prestación a pesar de cumplir con los requisitos exigidos. Los datos dados a conocer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 30 de noviembre de 2023, indican que el IMV ha llegado a 710.341 hogares en los que viven 2.079.233 personas, cuando al ponerse en marcha, se calculó que alcanzaría los 850.000 hogares. Hasta el 10 de octubre, se han presentado 2.699.036 solicitudes del IMV, hasta el 10 de octubre de 2023, sin contar las presentadas en el País Vasco y Navarra desde noviembre de 2022.
El anuncio de que el Gobierno transferirá las competencias sobre el ingreso mínimo a las Comunidades Autónomas que así lo soliciten para que asuman su gestión, como ya ocurre en el País Vasco y Navarra, no supone ninguna garantía de que a partir de ahora la gestión vaya a mejorar. Las delegaciones provinciales que hasta ahora han atendido las solicitudes ya cuentan con criterios dispares y cada Comunidad Autónoma ha arbitrado a su manera la compatibilidad con su propia renta de inserción, con especial racanería en las gobernadas por PP y VOX.
Para mejorar la gestión del ingreso, Borda propone dejar de tener en cuenta la situación administrativa de los miembros de la familia, para evitar que cuando uno de los miembros pase a encontrarse en circunstancias irregulares toda la unidad de convivencia pierda la prestación. También reclama que las familias que comparten vivienda no sean consideradas una única unidad familiar.
Finalmente, considera urgente la utilización de un programa informático que permita la comunicación ágil de los cambios, para evitar los pagos indebidos, las reclamaciones y los endeudamientos, de modo que los retrasos en los cálculos que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social no penalicen la economía de las familias empobrecidas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
