El Gobierno prorroga el escudo social con ligeros cambios

El último Consejo de Ministros del año ha prorrogado con alguna variación el “escudo social” para paliar las consecuencias de la inflación  y la incertidumbre por la situación geopolítica, ha confirmado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa celebrada en La Moncloa.

Este es el noveno decreto de medidas especiales de seis meses de duración, elaborado al calor de la evolución de los precios, con el fin de contrarrestar los efectos de la inflación. Pero ahora la vista está puesta en las nuevas reglas fiscales que regirán la Unión Europea en los próximos años y es diferente el escenario de partida: los precios de la energía se han situado por debajo de las cifras del año pasado y la inflación se ha moderado en el 3,2%, inferior al repunte provocado por la invasión de Ucrania.

El Consejo de Ministros, ante la incertidumbre por la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, ha extendido durante los seis próximos meses la rebaja del IVA de los alimentos básicos, que seguirá siendo del 0% y para las pastas y aceites que se mantiene en el 5%.

En cambio, procede a la retirada gradual de la rebaja de los impuestos a la energía, como el IVA a la electricidad y el gas, que pasa del 5% al 10%, sin llegar al 21% que tenía antes de la crisis de la energía.

El Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) quedará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; mientras que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) será del 3,5% hasta marzo y del 5,25% hasta finales de junio. Después, alcanzará el 7% anterior.

Igualmente, el Consejo ha prorrogado el gravamen a los beneficios extraordinarios a la gran banca y empresas energéticas, aunque se podrán deducir inversiones estratégicas y aquellas orientadas a la descarbonización. A lo largo de 2024, se revisará este para que se convierta en permanente, según ha dicho Sánchez.

Continúa la prohibición de desahucios para aquellas familias que logren demostrar su situación de vulnerabilidad sin opciones de acceder a otra vivienda durante todo el años y de despedir a las personas trabajadoras para aquellas empresas que se han acogido a ayudas directas o a un ERTE.

Las iniciativas de apoyo al transporte, que incluyen la subvención al abono se vuelven a extender, de momento, en los mismos términos, haciéndose el Estado cargo del 30% de descuento y las Comunidades Autónomas con otro 20%. En el caso del transporte ferroviario seguirá siendo gratuito en las condiciones y para los trenes actuales.

Además, Pedro Sánchez ha confirmado la eliminación de las comisiones bancarias por amortización de los créditos hipotecarios y la reducción al 80% del peaje eléctrico para las empresas electrointensivas.

También ha planteado como nuevas la eliminación de la comisión por retirada de dinero en efectivo en ventanilla para personas con discapacidad y mayores, así como la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital a todas aquellas comunidades que lo soliciten, como ya ocurre con las de régimen foral.

A pesar de la desaceleración económica, el Ejecutivo se mantiene optimista respecto a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales, debido al buen comportamiento del empleo y las subidas de salarios y pensiones. Los diversos ministerios implicados, Hacienda, Transición Energética, Economía y Trabajo han tenido que negociar hasta el último momento un ajuste de los costes fiscales del paquete de medidas, que en 2022 supuso 22.000 millones de euro y en 2023 cerca de 15.000 millones, para empezar a reducir el déficit fiscal y la contención de la deuda.

El Gobierno envió a Bruselas una previsión de ingresos totales del conjunto de las Administraciones con un aumento de 36.000 millones de euros en 2024, de los que las Comunidades Autónomas recibirán 20.000, los ayuntamientos, unos 5.000 millones y las pensiones, otros 11.000 millones. La partida de los subsidios por desempleo y los intereses subirán, por lo que cada vez se estrecha más la capacidad de maniobra.

Según la propuesta de orden del Ministerio de Inclusión y en trámite de audiencia pública, la subida de la base máxima de cotización del régimen general de los salarios más altos será del 5%. El incremento corresponde al 3,8% que subirán las pensiones y al 1,2% adicional que se fijó en la segunda fase de la reforma de pensiones.

También se establece en esta orden el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para 2024 que queda en el 0,70% sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,58% será a cargo de la empresa y el 0,12% a cargo del trabajador. Solo por el aumento de la base máxima de cotización, se prevén 590 millones de euros de ingresos.

Redacción

Redacción de Noticias Obreras.