La economía social y solidaria, una alternativa fiable y responsable ante el consumismo frenético
La economía social y solidaria de nuestro país se consolida como alternativa al consumismo desenfrenado que tiene en el “black friday” uno de sus máximos exponentes.
Cerca de 650 empresas que aglutinan a casi 300.000 personas, entre trabajadoras, voluntarias y asociadas, que mueven unos 800 millones de euros, han compartido, por noveno año consecutivo, sus prácticas en materia de equidad, trabajo digno, cooperación, compromiso con el entorno, reparto justo de la riqueza y sostenibilidad ambiental, en un ejercicio de transparencia y coherencia.
Los datos del ejercicio del año pasado, sus logros y restos han sido recogidos en el Informe “La Economía Social y Solidaria en el Estado. Proceso de Auditoría Social 2023” para poner “en valor su gestión coherente e incidiendo de este modo en la transformación social a través de esta otra forma de hacer economía”, en palabras de Susana Ortega, consejera de REAS Red de Redes, en el acto de presentación del mismo.
Las personas consumidoras cuentan con opciones para, con sus decisiones cotidianas, contribuir a la transformación de la economía, censurando a las empresas que contribuyen al negocio de las armas, al deterioro medioambiental o incurren directa o indirectamente en prácticas de explotación laboral.
Prácticas responsables y sostenibles, como las generadas en las empresas de la economía social y solidaria, permiten resolver las necesidades cotidianas a partir de una amplia gama de productos y servicios, en coherencia con sus valores, con las debidas garantías, gracias a este esfuerzo por la transferencia.
El informe mide el cumplimento y coherencia de este tipo de empresas con los principios, valores y fines con los que están comprometidas, como integrantes de esta red de redes de la economía social y solidaria, utilizando indicadores sobre equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, compromiso con el entorno y reparto justo de la riqueza.
Así, “entre tanto green-pink-social washing (ecosilencio, lavado de imagen y ocultación sobre el impacto medioambiental, de género y social) que impera en nuestras sociedades”, en palabras de Ortega, esta herramienta de auditoria social se ha erigido como referente de garantía del buen hacer empresarial, clave para discriminar .
Los resultados del informe confirman la consolidación de esta herramienta de medición del impacto social y medioambiental que crece año tras año, tanto respecto al número de entidades que lo realizan, como en los propios resultados que presentan. Efectivamente, la Economía Social y Solidaria promueve un trabajo de calidad, reduciendo la brecha salarial y abriendo oportunidades a la participación y la toma de decisiones de las personas trabajadoras.
Mantiene su firme apuesta por la igualdad de género, promoviendo la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres con políticas inclusivas y por la corresponsabilidad, que mejoran, por ejemplo, los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación.
Estos resultados revelan también una importante preocupación ambiental como de deduce de la amplia apuesta por una gestión ambiental, por la toma medidas para reducir o compensar la huella ecológica de su actividad, así como por el uso mayoritario de energía renovable y la aplicación de criterios de consumo responsable las compras. La apuesta por las finanzas éticas y el destino social de los beneficios demuestra, así mismo, el fuerte compromiso con el entorno de estas empresas.
“Gracias a este informe podemos decir que la Economía Social y Solidaria es garantía para la ciudadanía consciente, como también para las Administraciones Públicas y los agentes sociales y empresariales que pueden así hacer de su consumo una herramienta de transformación social”, ha explicitado Ortega, en una clara referencia a la campaña de este año, que con el lema #ESSGarantía, pone el acento en la utilidad de estos resultados para poder llevar a cambio un consumo responsable y consciente.
Redacción de Noticias Obreras.
