Cáritas alerta de la asfixia a los hogares vulnerables y reclama vivienda pública, trabajo digno y protección suficiente
El coste de la alimentación y la vivienda está socavando la economía de los hogares, golpeando más duramente a las familias con menos ingresos, según el informe Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, de la Fundación FOESSA. Cáritas reclama políticas decididas en materia de vivienda, empleo y protección social.
El estudio de la fundación impulsada por Cáritas refleja que, aunque la economía española en su conjunto ha aumentado los ingresos un 11%, los hogares más humildes apenas notan mejoría (su renta ha aumentado un raquítico 0,5%), por lo que el encarecimiento de los productos y servicios básicos en un 30% compromete seriamente su salud financiera.
Muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, especialmente las que dependen de un trabajo precario o de la percepción del ingreso mínimo, miran el futuro con angustia. Exactamente, el 8,1% de la población (3,8 millones de personas) que componen los hogares con pobreza material severa.
“Desafíos como el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis inflacionaria, persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda”, ha afirmado a secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro.
Trabajadores pobres
El elevado porcentaje de trabajadores pobres (11,7%), y la baja cobertura e intensidad protectora de los ingresos mínimos (solo lo perciben el 44% de la población en pobreza severa) impide que puedan hacer frente a la carestía de la vida.
El equipo de estudios de la Fundación FOESSA, por voz de Daniel Rodríguez, uno de sus miembros que ha participado en la presentación del informe, señala que “a pesar de un crecimiento moderado pero constante en los ingresos, los gastos, con mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable, lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares”, apuntó Daniel Rodríguez.
De hecho, la tasa de privación material severa no ha mostrado una disminución proporcional al aumento de los ingresos totales. “Esto sugiere que otros factores, y en particular los gastos, pueden estar desempeñando un papel crítico en la determinación de las condiciones de vida de la población”, insistió.
La vivienda como factor de exclusión
La investigación apunta a la vivienda como el principal factor que desequilibra la economía de las familias. En la actualidad, hacen falta 7,7 años de renta bruta anual para acceder a una vivienda en propiedad, cuando en 1987 bastaba con 2,9 años.
El alquiler tampoco está sirviendo para rebajar el esfuerzo financiero de las familias. La mita de la población que vive de alquiler pasa aprietos financieros: un 16% de la población dedica más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que supone “un nivel extremo de estrés financiero”, mientras que cerca del 30% pasa “estrés moderado”, según datos de FOESSA, correspondientes al 2020.
Pero es que, además, en muchas ocasiones, las familias con aprietos económicos no pueden afrontar con garantías los suministros y gastos de mantenimiento. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022) refleja que el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008, lo que guarda una relación estrecha con el hecho de que el precio de la electricidad aumentó en un 82% y el de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones en un 180%.
Igualmente, aparecen estrategias preocupantes para la calidad de vida de las familias, como puede ser el subarriendo de habitaciones, el uso de viviendas inseguras e inadecuadas. En apenas cinco años, el porcentaje de familias que alquilan habitaciones ha llegado al 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares), mientras que las familias en viviendas inseguras (pisos compartidos, cedidos sin contrato o en situación de desahucio) ya forman el 23,2% (4,2 millones de hogares) y en viviendas inadecuadas (no cumplen las condiciones mínimas) ha aumentado del 25% de 2017 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias).
Vivienda pública, trabajo digno y protección social suficiente
En su empeño por “construir un futuro en el que nadie se vea excluido y donde las condiciones de vida dignas sean una realidad para todos los ciudadanos”, en palabras de la secretaria general de Cáritas Española, la organización solidaria de la Iglesia y la fundación de estudios proponen, en primer lugar, “acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada”.
Así, el estudio considera “decisivo ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles”, al tiempo que apuesta por “incrementar el número de viviendas de emergencia”.
También demanda la planificación y coordinación de las políticas de empleo orientadas prioritariamente a los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral. Para ello, se debe tener en cuenta “la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente online y programas formativos acompañados de acciones socio educativas”.
Lógicamente, la organización eclesial demanda mayor esfuerzo para reducir la precariedad laboral, atendiendo de modo directo la duración de los contratos y la parcialidad en las jornadas, para permitir que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva, sin olvidarse de que “también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad”.
Además, se fija particularmente en la situación de las trabajadoras del hogar, para quienes reclama avances legislativos orientados a lograr “la equiparación plena de derechos laborales” y acceso a las prestaciones de la Seguridad Social.
Por último, Cáritas reclama “un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular”. En paralelo, insiste en la necesidad de simplificar la normativa o agilizar los trámites para que las prestaciones se asignen “automáticamente” y que la cuantías respondan a la situación real de los precios y la composición familiar. Además, pide un compromiso para lograr “la complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la Administración pública”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
