Pese a la mejoría, todavía hay en España 12,3 millones de personas en riesgos de pobreza y exclusión
Aunque los indicadores de pobreza y exclusión social han experimentado una mejoría respecto a 2021, España sigue lejos de cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda 2030. En nuestro país, hay 12,3 millones de personas en riesgos de pobreza y exclusión y 4,2 millones de personas en pobreza severa, según el XIII Informe El Estado de la Pobreza en España.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado su XIII Informe, para dar cuenta de la evolución de de los indicadores de la Agenda UE 2030.
Pese a que en 2022, unas 800.000 personas abandonaron la situación de riesgo de pobreza y exclusión social, todavía había en España 12,3 millones de personas en esta situación, el 26% de la población. A pesar de la reducción en unas 600.000 de las personas que se encuentran en situación de pobreza severa, sigue habiendo 4,2 millones de personas que sobreviven con ingresos inferiores a 560€ al mes por unidad de consumo.
La desigualdad ha disminuido hasta niveles de 2008: la renta media por persona registra el mayor incremento desde ese año y alcanza los 13.008€ (738€ más que en 2021).
En 2022 se reafirma una tendencia detectada en los últimos años –producto de los bajos salarios y de la precarización del mercado laboral desde 2008–, que el empleo sin condiciones adecuadas no garantiza ingresos suficientes para salir de la pobreza: una de cada tres personas pobres (32,9%) tiene un empleo remunerado.
Situación similar se aprecia en la educación. Según el Informe, el 42,9% de la población en riego de pobreza y/o exclusión social ha finalizado estudios medios o altos, mientras que una de cada diez personas con educación superior está en riesgo de pobreza. En términos absolutos, 1,4 millones de personas pobres tienen educación superior, cifra que se ha duplicado desde 2008 (674.000 personas), y es la más alta de todo el periodo estudiado.
El coste de la vida golpea a la población más pobre
Pese a la mejora general, el deterioro de algunos indicadores muestra el impacto de las últimas crisis en los hogares más vulnerables, asociado al precio de la vivienda, de los alimentos y de la energía.
En 2022, casi la mitad de la población española presentó dificultades para llegar a fin de mes (47,8 %); un tercio no pudo permitirse al menos una semana de descanso vacacional al año (33,5 %); y el 17,1 % no consiguió mantener su vivienda a una temperatura a adecuada (14,3 % en 2021 y 10,9 % en 2020).
El estudio concluye que el coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores se constituyen como factores clave para la generación de pobreza en España.
En el caso concreto de la vivienda, en 2022, cuatro de cada cinco personas con gasto elevado en vivienda eran pobres (79,1%). A su vez, el alquiler, además de generar inseguridad, resulta mucho más caro que la hipoteca y consume una parte importante de los recursos disponibles. El gasto dedicado a la vivienda entre la población en pobreza equivale al 39,1% de los ingresos del hogar, un esfuerzo más de tres veces superior al que realizan las personas no pobres (12,5%).
Según el Informe, el 27,2% de las mujeres y el 24,8% de los hombres estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión. Además, las políticas de recuperación no llegan por igual a ambos sexos: desde 2015, las políticas sociales han conseguido que haya medio millón de hombres pobres menos, mientras que solo 61.000 mujeres han salido de la pobreza en el mismo periodo.
Asociada a lo anterior, una de las conclusiones más preocupantes de la investigación es la relativa a las familias con menores a cargo, que registran cifras más altas para todos los indicadores de pobreza y exclusión. Esta situación de vulnerabilidad se traduce en cifras elevadas de pobreza infantil.
En España, casi 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un tercio del total (32,2%). La peor parte se la llevan las familias monoparentales: el 49,2% está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La casi la totalidad de estos hogares están formados por una mujer con menores a cargo.
El Informe, que también analiza la eficacia de las políticas públicas en la calidad de vida de las personas, afirma que sin políticas de protección social ni pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se duplicaría, llegando a afectar a casi la mitad de la población. En el caso de la pobreza severa, afectaría a casi un tercio de la población y la desigualdad presentaría cifras desorbitadas: el 20% más rico ganaría en torno a 48 veces más que el 20% más pobre.
El estudio apunta que el mero crecimiento económico no es suficiente para luchar contra la pobreza, de hecho, harían falta 68 años de crecimiento ininterrumpido del PIB per cápita para acabar con la pobreza en España. En cambio, desde EAPN se recuerda que las medidas comprendidas en el llamado ‘Escudo Social’ evitaron que un millón y medio de personas cayese en situación de pobreza o exclusión.
“Se ha constatado que las políticas sociales son eficaces, pero hay que ser más ambiciosos y acompañarlas con políticas de justicia fiscal. Acabar con la pobreza es una decisión política y una cuestión de derechos” señala al respecto el presidente de EAPN España y EAPN Europa, Carlos Susías.
Un país partido
El XIII Informe muestra que el territorio se revela como una fuente significativa de desigualdad. Los datos muestran un año más una división de España en dos mitades: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan por lo general tasas más bajas de pobreza y/o exclusión social. Por el contrario, aquellas situadas al sur, registran cifras extraordinariamente elevadas y muy por encima de la media nacional.
Desde EAPN-ES consideran que “es el momento” de plantear un Pacto Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, con el objetivo de abordar –con una marcada perspectiva de género–, ámbitos como la calidad del mercado laboral, la garantía de ingresos, o el derecho de acceso y mantenimiento a una vivienda, además de apostar por políticas económicas y fiscales redistributivas que pongan a las personas en el centro.
Redacción de Noticias Obreras.
