FACUA defiende el papel del Ministerio de Consumo en la lucha contra los abusos

FACUA defiende el papel del Ministerio de Consumo en la lucha contra los abusos
FACUA-Consumidores en Acción ha dado a conocer las propuestas para mejorar la protección de los consumidores que ha enviado a los diferentes partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones generales del 23 de julio.

En contra de las declaraciones de algunos dirigentes políticos, la organización de consumidores considera necesario mantener el Ministerio de Consumo dotado de “recursos suficientes para ejercer su labor de desarrollo de políticas de protección al consumidor y de vigilancia, con un cuerpo de inspectores amplio que permitiese realizar investigaciones de oficio”.

También propone al gobierno que salga de las urnas una mayor regulación de los mercados para combatir  la subida de los precios y la fijación de de precios máximos, algo permitido por la normativa.

Suministros, vivienda y banca

Para la asociación resulta imprescindible seguir realizando reformas en el sector energético para garantizar precios asequibles y acabar con los abusos tarifarios, la revisión del bono social, para conseguir que sea una auténtica tarifa social y la aplicación de sanciones eficaces.

FACUA señala igualmente que debe decretarse la paralización de los desahucios de familias vulnerables, establecer la dación en pago y un compromiso real en la lucha y búsqueda de soluciones en materia de vivienda. En este sentido, defiende el control de los precios del alquiler y su regulación y la creación de viviendas sociales.

Además indica el próximo Ejecutivo debe finalizar y aprobar Ley de Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, para resolver con carácter vinculante las reclamaciones de los consumidores, que se encontraba en una fase muy avanzada.

Igualmente propone obligar a las empresas a concertar  un seguro obligatorio de responsabilidad civil –proporcional a su volumen de negocio– que sirva para indemnizar a las víctimas en situaciones de cierre empresarial o daños por el uso de bienes o servicios.

Por último, FACUA propone la prohibición de que las organizaciones de consumidores puedan recibir importes económicos o en especie de empresas privadas.