Los centro para extranjeros, lugares “hostiles” regidos por “la arbitrariedad”
El protocolo de suicidios se activó un total de 51 veces el año pasado en los seis Centros de Internamiento de Extranjeros repartidos por España, definidos como “lugares hostiles” donde sigue siendo común el trato degradante, la mala atención sanitaria y la opacidad.
Así lo pone de manifiesto el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en su Informe Anual 2022 sobre los CIE, titulado Diferencias que generan desigualdad presentado este lunes en la Universidad de Comillas, con datos de Interior, enviados fuera de los plazos estipulados por la Ley de Transparencia en una nueva muestra de opacidad.
Este organismo considera que los centros de extranjeros siguen siendo “lugares hostiles, en los que las personas internas siguen denunciando un trato degradante y vejatorio, así como dificultades para su denuncia e investigación, deficiencias en la atención médico-sanitaria, y en la que hay organizaciones de la sociedad civil que sufren obstáculos para visitar a personas internadas”.
Así, en el interior de estos dispositivos los derechos de las personas no solo no son debidamente “protegidos y respetados”, sino que son “restringidos y negados”, especialmente en lo relativo a las visitas de familiares y organizaciones, la comunicación con el exterior, el asesoramiento jurídico y la práctica religiosa, ha apuntado la coordinadora de SJM, Mª Carmen de la Fuente.
Hasta 2.276 personas, de las cuales 44 fueron mujeres, 23 de las cuales solicitaron protección internacional y solo nueve fueron admitidas a trámite, fueron internadas en los seis CIE operativos en 2022, lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior. La estancia media fue de 30,20 días, a pesar de la baja o nula actividad de los centros de Murcia y Tenerife el pasado año.
El 41% del total de internamientos se justificó por mera estancia irregular, y otro 41% del total lo fue por entrada irregular en patera. El Estado español repatrió de manera forzosa a 3.642 personas en 2022, el 53,12% desde los CIE. Un porcentaje similar a los dos últimos años, pero notablemente inferior a 2018 y 2019.
El 45% de las personas que salieron desde estos centros 2022 fue para ser puesta en libertad. En cuanto a las mujeres, no se expulsó del país al 70% de las internas, quedando en libertad. Destacan los altos índices de salidas por ejecución de retorno forzoso en Las Palmas (82,5%) y Algeciras (61%), al contrario que en Barcelona, con un 64% de puestas en libertad.
Además, el SJM ha alertado de que se continúan produciendo situaciones que no deberían darse en CIE. En 2022, se identificaron a 11 menores de edad internos (7 en Valencia), a ciudadanos solicitantes de protección en otros países; mujeres que han sufrido violencia de género, personas con largas trayectorias de arraigo y personas ciudadanas de la UE con régimen comunitario.
La organización ha manifestado su “preocupación” al detectar estos perfiles, pero, además, también critica una diferencia de régimen entre centro que, según indica, implica “desigualdad de derechoso la falta de servicios sanitarios a los internos”.
Así ocurre que se puedan dar “decisiones tomadas sin fundamento o sin el que debiera y el retroceso en el reconocimiento de derechos que ya se tenían alcanzados”, ha apuntado la abogada de Pueblos Unidos y coordinadora de área CIE en SJM, Ana Bosch, que ha apostado por que la dirección de los centros, la dirección general de la Policía y la comisaría general de Extranjería y Frontera den a conocer las reglas por las que se rigen.
Ante medidas tan graves como es la privación de libertad, la Administración, “la Administraciones deber actuar rigurosamente, ya que los vacíos se llenan a veces con prácticas que pueden dañar la dignidad humana”.
Así, ha explicado, el número de personas en “separación preventiva” se ha multiplicado por tres cuando el reglamento permite el aislamiento solo en algunas circunstancias, nunca por motivos de sanción, pero sí para evitar actos violentos, lesiones a terceros o a uno mismo, y a partir del 2020 para evitar la propagación del virus.
Servicios médicos sanitarios
“Nos encontramos con personas que cuando entran en los centros tienen afecciones de salud de suficiente entidad como para preguntarnos qué hacen ahí y que luego los servicios médicos no alcanzan a tratar debidamente”, ha denunciado el coordinador del informe y director de la Asociación Claver-SJM, Josep Buades.
En 2022, fue activado el protocolo de prevención de suicidios en 51 ocasiones (27 de ellas en Madrid). Además, 185 personas fueron encerradas en habitaciones de separación temporal, con una estancia media de casi 4 días, la mayoría de ellas (un 74% del total) bien por “comportamientos violentos” o por casos de covid-19. Más alarmante, si cabe, es el porcentaje de estos aislamientos por razones de amenaza o intento de autolesión: un 15% del total de casos.
Un estudio de la Universidad de Sevilla para valorar el nivel de salud mental de las personas internas, en colaboración con SJM, observó sintomatología ansiosa y depresiva, así como intentos de autolesiones, en 7 de cada 10 entrevistadas.
En el 70% de estos casos, los síntomas comenzaron a raíz del internamiento. La sintomatología se reduce en función de la calidad de condiciones del internamiento.
Los equipos de la red SJM que visitan CIE continúan detectando malas prácticas en cuestiones relacionadas con derivaciones ante problemas de salud agravados o en lo relativo a la voluntad de solicitar protección internacional.
El informe detalla el caso de un interno que solicitó protección internacional y que no fue entrevistado, sino que fue puesto en libertad, firmando un documento que expresaba, junto a la puesta en libertad, que estaba renunciando al procedimiento de asilo.
Se presentan en el informe algunas resoluciones relevantes de los juzgados de control de Madrid que, tras la propuesta por parte de la sociedad civil, imponen medidas para aumentar la garantía de derechos de las personas internas, como protocolos para la tramitación de quejas por malos tratos o cambios en el servicio sanitario. También apunta a la necesidad de impartir formación en habilidades para escucha y la atención psicosocial del personal policial y de servicios de los CIE.
El SJM llama a las autoridades policiales y a todos los operadores jurídicos que intervienen en CIE que establezcan y armonicen las normas de funcionamiento de los CIE y extremen el discernimiento en su decisión de internamiento, teniendo esta alternativa como algo excepcional.
En todo caso, el SJM reclama el compromiso de todas las partes para poner fin al internamiento y cerrar los CIE definitivamente, “sitios inútiles que causan un gran sufrimiento a las personas internas y además tienen un alto coste para el contribuyente”
Redactor jefe de Noticias Obreras
