El Gobierno desatiende la norma europea de mejora de condiciones laborales para contentar al empresariado
CCOO reclama al Gobierno que apruebe la trasposición la directiva europea 2019/1152 de condiciones laborales antes de que se celebren las próximas elecciones generales. De no hacerlo, nuestro país se enfrenta a posibles sanciones económicas.
El sindicato no oculta su desconcierto y decepción al ver cómo el Gobierno sí incluyó en el real decreto promulgado en el último Consejo de ministros la directiva 2019/2121, sobre operaciones transfronterizas de empresas.
Sin embargo, y a pesar de las advertencias de la Unión Europea que podría imponer sanciones millonarias a nuestro país, sigue sin incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico la directiva 2019/1152, que debía haberse traspuesto antes del 1 de agosto de 2022, sobre la mejora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de precariedad, como los falsos autónomos, los contratos temporales o los contratos a tiempo parcial.
La propuesta de ley para trasponer esta Directiva echó a andar en septiembre de 2022 y contó con el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, en vía de urgencia, en octubre del mismo año. Al tiempo, la Unión Europea ha enviado a España dos advertencias por no haberla incorporado a la legislación española. La última el pasado 1 de junio, dando de nuevo un plazo de dos meses para su aprobación. La resistencia del Ejecutivo a incorporar esta directiva se explica, para el sindicato, porque las patronales parece que cuentan “con derecho de veto”.
La Directiva 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes incorpora importantes mejoras en los derechos de información de las personas trabajadoras sobre las condiciones en las que se debe desarrollar su trabajo, aporta garantías adicionales sobre la previsibilidad de estas y sobre la antelación con la que deben conocerse elementos tan importantes como los días en los que debe desarrollarse la actividad laboral, la jornada de trabajo, la realización de horas complementarias, etc. Además, la citada directiva limita la duración del período de prueba.
Según CCOO, “una adecuada trasposición de la citada Directiva a la norma legal española es necesaria para reforzar la imposibilidad de que existan contratos a llamada, en los que la prestación laboral no está comprometida y depende del mero capricho empresarial cuándo, cuánto y cómo se desarrolla la actividad laboral, y para permitir mejorar los derechos de información y de certeza en su jornada, especialmente a las personas con contrato a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, sobre las condiciones de prestación de su trabajo y sobre las posibilidades de mejora en el mismo ampliando su jornada o pasando voluntariamente a jornada completa.
Para el sindicato resulta “absolutamente incomprensible que el Gobierno” apueste por incumplir la normativa europea antes que reconocer derechos a las personas trabajadoras, por lo que exige, “con carácter inmediato, y antes de la celebración de las próximas elecciones generales, se proceda a aprobar la trasposición de la citada Directiva”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
