#RegularizaciónYa defiende en el Congreso la iniciativa legislativa sobre extranjería
La presentación en la comisión del Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) #RegularizaciónYa, a la que se sumó la HOAC apoyando la recogida de firmas, ha sido un momento histórico, que sin embargo no ha logrado todavía vencer las reticencias de los dos grupos parlamentarios con más representación (PSOE y PP).
“Hoy es un día histórico para las personas migrantes que hemos trabajado en España en condiciones de semiesclavitud. Es un gran ejemplo de participación ciudadana liderada por organizaciones migrantes y antirracistas”, empezó diciendo Lamine Sarr, uno de los defensores de la ILP promovida por la plataforma Esenciales y fundador del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.
La activista e integrante de SEDOAC, Edith Espínola les dijo a los miembros de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones del Congreso que “estamos aquí para abrir diálogos, para abrir un camino, para derogar una Ley de Extranjería que no sirve, este trabajo debe ser con nosotras”, después de haberles recordado que habitualmente “legislan sobre nuestros cuerpos sin escucharnos”.
“Nuestro sistema, es un sistema de puerta cerrada, en lo único que se han puesto de acuerdo los Estados miembros en la Unión Europea es en el fortalecimiento de las fronteras y su militarización con Frontex”, les explicaba a los diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, el investigador de Porcausa.org, Gonzalo Fanjul, a propósito de la ley de Extranjería.
Frente a los discursos de que parten de la diferencia entre migraciones legales e ilegales, Espínola trató de hacer entender que “la irregularidad administrativa tiene sus consecuencias más visibles en la trata laboral, la extrema pobreza, infravivienda, exclusión sanitaria, vulneración de derechos básicos y hasta en la muerte”.
“La discusión no es migración sí o migración no, sino personas con derechos o en la clandestinidad. Porque eso somos, personas que se nos denominó ‘esenciales’ para la economía y bienestar social, mientras se nos sigue dejando atrás de todas las políticas públicas”, aclaró.
El sistema actual de extranjería no funciona, en opinión, de los defensores de la ILP, entre otras cosas porque fomenta la irregularidad sobrevenida, con la pérdida de los mínimos derechos de ciudadanía que conlleva. Por eso, Espínola se esforzó por explica que “en el caso de las mujeres migradas nuestro estatus migratorio condiciona el acceso a recursos y protección. Una regularización inmediata, permanente y sin condiciones sería una medida mínima de reparación contra la injusticia que soportan nuestras comunidades”.
En su defensa del reconocimiento de los derechos que asisten a las personas migrantes, los impulsores de la ILP insistieron en poner rostro a las frías cifras de las estadística e introducir algo de humanidad a las delirantes peroratas habituales sobre las migraciones propias de la ultraderecha.
Así Lamine Sarr detalló que se trata de “familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”. El medio millón de personas en situación irregular está compuesto por jornaleras, temporeros, trabajadoras sexuales y niños que “habiendo nacido en España heredan el estatus migratorio de sus padres”.
“No queremos ser otra vez moneda de cambio durante un año electoral. Queremos ser sujetos políticos, ser partícipes de las políticas migratorias pero también de las políticas públicas que condicionan nuestra vida cotidiana”, ha incidido Lamine Sarr. “Les pedimos ser valientes”.
En su intento por convencer a las señorías más reticentes, Fanjul declaró que “realizar un nuevo proceso de regularización (ya se han hecho 9 años atrás) es una medida decente que genera beneficios para el conjunto de la sociedad”.
“Todos estamos interesados en una regularización. Desde el punto de vista más utilitarista, el impacto en la economía es positivo. No hay que repartir la tarta, sino que viene a incrementar el tamaño de la tarta”, apostillaba. “La regularización es un gran negocio para el fisco español. Cuando los trabajadores quieren hacer lo correcto y tantos empresarios quieren hacer lo correcto necesitan una regularización para hacerlo”.
Espínola subrayó que “queremos convertir nuestro país, por que sí, este nuestro país, en un país donde prime la justicia social”. Después de todo, “somos personas, a quienes nos han llamado esenciales para la economía y el bienestar social”.
Tras la defensa de la iniciativa legislativa, apoyada por 700.000 personas (con nacionalidad española puesto que los ciudadanos de otros países no pueden participar en este tipo de procesos) y 800 organizaciones sociales, tomaron la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios.
Aunque fue el portavoz de VOX, con su habitual cantinela de falacias y tópicos, quien más claramente se opuso a esta medida, también los diputados del PP y el PSOE adelantaron su oposición a continuar la tramitación de una ley para proceder a una regularización extraordinaria, por razones diversas.
Desde el PP se volvió a insistir en la necesidad de reforzar las fronteras y de restringir las migraciones a los cauces legales, tan estrechos que acaba por alentar el recurso a las vías que ponen en peligro la vida de las propias personas migrantes. Por su parte, el portavoz del PSOE se escudó en la política europea y en los cambios introducidos en esta legislatura para cerrar el paso a esta iniciativa.
No obstante, los portavoces de la campaña Esenciales mostraron su disposición a mantener el diálogo, a intercambiar propuestas y opiniones para buscar conjuntamente la mejor solución al enjambre administrativo que condena, en la mayoría de ocasiones, a las persona migrantes a ser “ciudadanos y ciudadanas de segunda e incluso de tercera” en el territorio en el que viven, trabajan y sueñan.
Redactor jefe de Noticias Obreras
