Pensiones suficientes

Se suele decir que todos estamos de acuerdo en aumentar las pensiones, aunque seguidamente preguntamos: ¿nos lo podemos permitir? Esta manera de razonar tiene tres problemas. Primero, los hechos de las políticas practicadas en el pasado dicen que no estamos tan de acuerdo. Segundo, ¿partimos del reconocimiento de un derecho de las personas o de un razonamiento económico al que se subordina ese derecho? Tercero, ¿queremos tener en cuenta o no las enormes desigualdades que sufrimos en la distribución de la riqueza social?, ¿el problema es que no tenemos recursos suficientes o que la desigual e injusta distribución de la riqueza social nos priva de ellos?

El mandato a los poderes públicos que establece el artículo 50 de la Constitución española es claro: tienen la obligación de garantizar la suficiencia económica de las pensiones. Es exigencia de los derechos fundamentales de toda persona. Algo en lo que insiste también la Doctrina Social de la Iglesia: los derechos fundamentales pertenecen a toda persona por el solo hecho de serlo y, por tanto, deben siempre hacerse efectivos. Será necesario tener en cuenta los recursos disponibles, pero la primacía debe ser siempre del derecho que brota del ser persona, a cuyo servicio hay que poner la riqueza social. Como dice el papa Francisco, si aceptamos de verdad el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible crecer en justicia (cfr. Fratelli tutti, 127).

Las reformas que se están aprobando del sistema público de pensiones son positivas porque van en esa línea. La primera, aprobada en julio de 2021, establece, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones según el IPC; la segunda, aprobada ahora, supone entre otras cosas el aumento de las pensiones mínimas por encima del IPC en los próximos años y, sobre todo, diversos mecanismos para incrementar los ingresos, vía solidaridad intergeneracional y con mayores cotizaciones, de empresas y trabajadores, para los salarios más altos. Ambas tienen el importante valor del diálogo social, no son decisiones unilaterales de un Gobierno: la primera contó con el acuerdo de sindicatos y organizaciones empresariales y un amplio respaldo parlamentario, la segunda también, con la excepción del apoyo de las organizaciones empresariales. Pero, sobre todo, tienen el gran valor de que, por primera vez en muchos años, no se plantea la sostenibilidad del sistema desde la reducción de los gastos (o sea, de las pensiones), sino desde el aumento de los ingresos para avanzar hacia pensiones suficientes para todas las personas.

Pero, mirando al futuro, necesitamos ir más allá. Nuestro sistema público de pensiones tiene la gran virtud de la solidaridad intergeneracional. Para sostenerla hace falta abordar más problemas. Es necesario combatir las grandes desigualdades que existen entre las pensiones que hoy se perciben; hay demasiadas pensiones bajas, insuficientes. Aunque se han dado algunos pasos en ese sentido, es necesario priorizar más que las pensiones bajas sean suficientes y plantearse, consecuentemente, revalorizaciones que respondan a esa prioridad. Muy en relación con lo anterior, necesitamos cambiar el hecho de que la pensión dependa casi exclusivamente del empleo-salario que se tiene, porque de lo contrario los trabajadores pobres de hoy serán los pensionistas pobres de mañana. Para ello es esencial combatir la precarización del empleo y los bajos salarios, en lo que se han dado algunos pasos con la reforma laboral y el aumento del salario mínimo interprofesional, pero queda mucho por recorrer. Entre otras cuestiones a conseguir está la de establecer un suelo mínimo suficiente para todas las pensiones.

Es necesario desincentivar los planes privados de pensiones (que solo se pueden permitir algunos trabajadores y algunas trabajadoras y reproducen la desigualdad), porque desvían recursos de la solidaridad del sistema público y son un mecanismo de lucro para quienes negocian con los fondos de pensiones a costa de la solidaridad social. Y es muy importante para avanzar en todo lo anterior que los ingresos del sistema público no dependan solo de las cotizaciones sociales sino también de las aportaciones del Estado vía Presupuestos Generales, a través de políticas fiscales más justas y que redistribuyan la riqueza social. •

Comisión Permanente de la HOAC

Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).