Los sindicatos piden a CEOE subidas salariales del 5%, 4,5% y 3,75% para 2022-2024 y una cláusula mixta
Proponen fijar una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios si no hay acuerdo con CEOE. [Documento de propuesta sindical de salarios]
CCOO y UGT pedirán a CEOE en la negociación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios.
Así consta en la propuesta que han elaborado ambos sindicatos y que han hecho pública a través de un comunicado y no en rueda de prensa, como tenían inicialmente previsto hacer a mediodía de este miércoles. Esta comparecencia, que iban a protagonizar los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, finalmente se suspendió por la “filtración” de parte del contenido de la propuesta sin que ésta se hubiera ultimado en todos sus apartados.
Los sindicatos han reformulado su propuesta salarial introduciendo nuevos criterios sobre la cláusula de revisión salarial, que ya no se ligará solo a la evolución de los precios, sino también a la marcha económica de las empresas. En este sentido, proponen que a las subidas salariales iniciales planteadas para cada año del periodo 2022-2024 (5%, 4,5% y 3,75%) se les sume un alza adicional por la desviación de la inflación en cada uno de los años del acuerdo.
Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva
Además, dicha subida salarial adicional, que se fijará a través de una cláusula de revisión salarial, se vinculará a la información que se obtenga a través del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) para que la recuperación del poder de compra de los salarios tenga relación con la evolución económica de los sectores a través de “un dato fidedigno”.
Según la propuesta sindical, esta cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años y, en todo caso, serán los propios convenios colectivos los que establezcan otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula: al final del ciclo 2022-2024 o una distribución porcentual en ambos tiempos (un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo). Para la elaboración de este indicador al que denominan SIENC, los sindicatos piden a la Seguridad Social que genere un listado de las empresas cubiertas por cada convenio colectivo de trabajo a partir del código de convenio facilitado por cada empresa. A partir de esos listados, exponen, la Agencia Tributaria (AEAT) agregaría la información que ya publica sobre ventas (a partir de las declaraciones de IVA repercutido), compras (IVA soportado) y retribuciones salariales (modelo 111 del IRPF) desde 2014.
A partir de esos listados, exponen, la Agencia Tributaria (AEAT) agregaría la información que ya publica sobre ventas (a partir de las declaraciones de IVA repercutido), compras (IVA soportado) y retribuciones salariales (modelo 111 del IRPF) desde 2014.
“La propia configuración de este indicador debiera ser sometida a un proceso de diálogo y negociación, para el que es importante una disposición del Gobierno favorable a facilitar y transparentar los datos necesarios”, señalan.
CCOO y UGT proponen que el SIENC se ubique orgánicamente en el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la AEAT, dado que el grueso de la información procederá de los registros fiscales que explota este servicio.
Fecha tope, el 1 de Mayo
Los sindicatos ponen plazo en la negociación con CEOE de este pacto de convenios que no podría ir más allá del 1 de Mayo, y si no logran acuerdo, instan al Gobierno a promover las actuaciones fiscales pertinentes “para canalizar los excedentes de los que se está apropiando el empresariado, hasta la mayoría social, de manera que se refuerce el consumo final de las familias y se aleje el riesgo de una desaceleración económica superior a la ya prevista”.
Ambas organizaciones afirman que la fijación de los salarios es “cometido fundamental” de los agentes sociales, pero recuerdan al Ejecutivo que no puede “permanecer ajeno”, y aluden al “pacto de rentas”, todavía indefinido, que, a su juicio debe incluir medidas sobre salarios, excedentes y beneficios empresariales, rentas, precios o fiscalidad, entre otras. Para ello, proponen establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios.
Los sindicatos subrayan que el esfuerzo fiscal de las grandes empresas se sitúa por debajo del de las pymes, a pesar de que las primeras son las que más se aprovechan de las infraestructuras económicas y sociales comunes financiadas con impuestos. Así, las pymes cuentan con tipos efectivos de entre el 13% y el 20,5%, mientras que para empresas con facturación de más de 1.000 millones de euros los impuestos que pagan solo representan un 4,8% de su beneficio, como apuntan los sindicatos.
Para CCOO y UGT, las grandes empresas realizan una “una insuficiente aportación” al sistema público, desequilibran la competencia en contra de las pymes, y aprovechan “todos los agujeros de la regulación fiscal para tributar menos”. En este sentido, los sindicatos abogan por eliminar el régimen de tributación por grupos. De ahí que insistan en que la recaudación de esos impuestos debería dirigirse a “mejorar la renta disponible de las personas”.
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