La ley de familias inicia su trámite parlamentario con dudas entre las organizaciones de infancia
El proyecto de ley de familias reconoce nuevos permisos de conciliación. Organizaciones sociales temen que la propuesta no llegue a asumir las obligaciones mínimas de la Directiva de Conciliación Europea
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de familias que, entre otras medidas, reconoce la diversidad de las situaciones familiares en el país, y aborda las barreras en la conciliación y en la crianza a las que se enfrentan diariamente las familias.
La iniciativa, que será trasladada al Congreso para su tramitación parlamentaria, responde a los compromisos internacionales de España en materia de conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.
El texto garantiza el pleno reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen, equiparando sus derechos. Así, se van a reconocer legalmente a las familias LGTBI, a las familias con miembros con discapacidad, a las familias múltiples, a las adoptivas, a las reconstituidas o las acogedoras, entre otras.
También se culmina prácticamente la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho, garantizando que las parejas de hecho tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.
Nuevos permisos de conciliación
En cuanto al derecho a la conciliación, se conforma una nueva arquitectura con tres permisos, que ponen en el centro los cuidados y el tiempo y que da apoyos a las familias.
Por un lado, se establece un permiso de cuidado de 5 días al año, que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar hasta 2º grado como de un conviviente, algo nuevo hasta ahora.
Un permiso parental de 8 semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años
Un tercer nuevo permiso “por causa de fuerza mayor”, que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año. Este último busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes e imprevisibles.
Renta crianza
En cuanto al apoyo a la crianza, gracias al texto se extenderá de manera estructural la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos o hijas hasta los 3 años. Esta ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. Del mismo modo, se reconocerá el derecho a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia.
Asimismo, a partir de la aprobación de la ley, más familias contarán con protección social bajo la denominación de “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”. En esta categoría, se verán recogidas las consideradas como hasta ahora “familias numerosas”, además de las siguientes: las familias monomarentales con dos hijos; las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.
Por otro lado, pasarán a considerarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial, las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general, como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).
Preocupación
Sin embargo, la Plataforma de Infancia, organización compuesta por más de 70 organizaciones, teme que la propuesta de ley, no llegue a asumir las obligaciones mínimas establecidas por la Directiva de Conciliación Europea 1158/2019, debido a que el texto no especifique ni reconozca adecuadamente la remuneración de los permisos parentales, al menos durante los dos meses mínimos que establece la Directiva, tal y como se ha notificado en los informes preceptivos. El propio Consejo Económico y Social señalaba en su informe que la incorporación expresa del derecho a una prestación económica podría ser la vía para garantizar el ejercicio de estos permisos, evitando situaciones de desprotección o de penalización de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado.
“La remuneración de los permisos parentales es una obligación de la Directiva que debe ser traspuesta para cumplir con las obligaciones europeas y garantizar que todas las familias puedan acogerse a esta medida y cuidar más allá de los tres años” ha explicado Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Además, en la transposición de los permisos para cuidadores y de los permisos parentales, a las organizaciones de infancia les preocupa que el gobierno haya hecho uso de la denominada “cláusula pasarela”, absorbiendo los permisos ya existentes, y reduciendo así la posibilidad de su disfrute.
En este sentido, la Plataforma trasladó al presidente del Gobierno esta inquietud y la de ir más allá del resto de compromisos, incorporando el enfoque de infancia en el marco protector de las familias.
A la Plataforma le preocupa que no se garantice la universalidad de la prestación de apoyo a la crianza; que no se amplíen los días del “permiso para cuidadores” a siete días, tal y como venía anunciando el gobierno con anterioridad a este anteproyecto de ley, ni se incluya como enfermedad susceptible de dar derecho a este permiso cualquier enfermedad común que requiera reposo domiciliario e imposibilidad de acudir al centro educativo, cuando se trate de cuidar a niños y niñas.
El texto de la ley tampoco incluiría medidas concretas y eficaces para garantizar la equidad para las familias de una sola persona progenitora. Tampoco estaría previsto el acceso de estas familias, desde el primer hijo, al mismo marco protector establecido para las familias de mayores necesidades de apoyo a la crianza.
“Desde la Plataforma de Infancia instamos al gobierno y a todos los grupos políticos a incorporar las propuestas de las organizaciones de infancia al texto de la ley de familias durante el trámite parlamentario, con el fin de garantizar las medidas para lograr una sociedad más equitativa, diversa y justa que garantice los derechos de la infancia y de las familias” ha añadido Ibarra.
Apoyo contra la pobreza
Para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) la valoración de la ley es positiva, al tener en cuenta elementos tan importantes como el apoyo a la crianza, a los hogares con niños, niñas o adolescentes y a la conciliación.
“Son elementos necesarios que ayudan a la sostenibilidad económicas de las familias”, ha destacado su presidente, Carlos Susías, destacando que la ley “será un apoyo en la lucha contra la pobreza infantil y pobreza en la unidad familiar”.
Según el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN-ES, es especialmente preocupante la situación de los hogares monoparentales con uno o más menores a cargo: más de la mitad, el 54,3%, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 26,2 % en situación de pobreza severa.
A estas cifras se suma la elevada tasa de pobreza o exclusión social en menores de 18 años, que según el mismo informe alcanzó un 33,4 % en 2021. Y también el de las familias numerosas, con el 27,2 % de las personas que viven en hogares con tres o más niños, niñas o adolescentes en situación de pobreza severa, cifra que casi multiplica por tres los datos registrados en el resto de los hogares. La lectura de estos datos es difícil de asumir, ya que revela una realidad cada vez más incuestionable: en España, tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza y/o exclusión.
En este sentido, el proyecto de ley de familias es el mínimo sobre el que trabajar en la futura tramitación parlamentaria, tal y como señala Carlos Susías: “La ley debe ser apoyada y mejorada si queremos tener un país más justo que se preocupa por sus familias”.
Redacción de Noticias Obreras.
