Petición judicial para mejorar la atención sanitaria en los CIE
Los jueces de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid han pedido mejoras de la atención sanitaria de las personas internadas en toda España.
En un acuerdo conjunto, solicitan a la Dirección General de la Policía, quien ostenta la competencia de coordinación y gestión de los CIE, la modificación del pliego de prescripciones técnicas para la contratación de reconocimientos y asistencia sanitaria en CIE.
Entidades de la sociedad civil, como Pueblos Unidos, Coordinadora de Barrios o Karibu, celebran el pequeño avance en la atención sanitaria en los CIE, pero reclaman la depuración de responsabilidades ante las constantes deficiencias y han reiterado su convencimiento de la necesidad de acabar con la externalización de los servicios sanitarios a empresas privadas.
Los Juzgados de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid han firmado un acuerdo en el que se admite que se vulnera la normativa vigente, tanto la relativa a cuestiones sanitarias como la que regula el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros (Real Decreto 162/2014).
Los juzgados de instrucción con funciones de vigilancia y control del CIE de Madrid habían solicitado al responsable del Servicio Médico (perteneciente a la administración) un informe donde se expusiera la situación de los servicios prestados por Clínicas Madrid S.A, la empresa adjudicataria desde 2012.
La dirección del CIE de Madrid y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se muestran conformes con la necesidad de realizar cambios en el actual pliego de prescripciones técnicas para la contratación de reconocimientos médicos y asistencia sanitaria.
Sin embargo, deben asumir las responsabilidades por la desatención de los autos judiciales y recomendaciones del Defensor del Pueblo, perpetuando un incumplimiento de la normativa vigente e importantes deficiencias del servicio.
El acuerdo dictado en mayo por los mismos jueces ya enfrentaba la vulneración de varios derechos, como el de la intimidad de los pacientes por la continua presencia policial en las consultas, la falta de realización de examen médico previo a la repatriación y la entrega de los informes sanitarios a los pacientes, así como los obstáculos en la correcta emisión y envío de los partes de lesiones.
Entre las medidas acordadas, se recoge la ampliación del turno de enfermería para garantizar la asistencia sanitaria básica las 24h, al igual que la celebración de los acuerdos necesarios para prestar asistencia médica especializada y cubrir con las necesidades eventuales de hospitalización.
La atención psicológica se presenta por primera vez como una necesidad a implantar en los centros, debiendo contar con personal experto que atienda los aspectos relativos a la salud mental y que valore y derive, en su caso, al especialista de psiquiatría.
También se pronuncian sobre el almacenamiento y dispensa de medicamentos, reconociendo que el manejo de estupefacientes y psicótropos se hace de forma negligente y siendo claramente insuficientes hasta la fecha, provocando repercusiones nefastas para la salud de las personas internas.
Las entidades de la sociedad civil celebran el acuerdo, pero entienden que la modificación del pliego de contratación sanitaria es insuficiente para solventar las graves deficiencias y negligencias reconocidas y piden la coordinación de servicios públicos de salud en los que se encuentren adscritos territorialmente los CIE.
Es urgente que se tomen medidas que garanticen la protección de la seguridad, integridad y salud de las personas internadas en los CIE. Las entidades sociales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en estos centros, insisten en su cierre, el cumplimiento de la legislación vigente y exigen responsabilidades ante las ilegalidades que allí se cometen.
Redactor jefe de Noticias Obreras
