El Gobierno veta la exención de las indemnizaciones a las víctimas de amianto
Sindicatos y asociaciones de afectados denuncian que el Gobierno ha vetado las enmiendas de exención tributaria para las indemnizaciones a las víctimas de amianto, con lo que, afirman, convierte el Fondo de compensación en un instrumento “ineficaz”.
El Ejecutivo ha comunicado su decisión a la Mesa del Congreso, al amparo del artículo 134.6 de la Constitución Española que prevé que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del amianto, CCOO y UGT, considera que esta decisión “desvirtúa el objetivo pretendido con la creación del Fondo de compensación de las víctimas del amianto, que no era otro que evitar a las personas afectadas todos los complejos trámites administrativos y judiciales para acceder a una indemnización de las empresas responsables de la exposición a este cancerígeno, que se demoran durante años y que en demasiadas ocasiones se sustancia cuando la víctima ya ha fallecido”.
De este modo, entienden, “se discrimina a las víctimas del amianto respecto a otros colectivos que sí gozan de esta exención tributaria como es el caso de las víctimas del terrorismo o del VIH”, a pesar de que “el Estado español tiene una responsabilidad directa en los daños a su salud al haber permitido durante décadas el uso y comercialización del amianto”.
Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de UP, PP, ERC y EH Bildu a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 tenía como objetivo evitar que las víctimas del amianto que acepten las indemnizaciones previstas se vean obligadas a cotizar en el IRPF entre el 45% y el 47%, no sólo del importe de esas indemnizaciones, sino del conjunto de los ingresos de ese ejercicio fiscal, incluidas rentas del trabajo o pensión.
También señalan “la paradoja” de que las indemnizaciones que pudiera obtener el Fondo por vía judicial en litigios contra las empresas responsables estarían exentas de tributación, pero no las provenientes directamente del mismo.
FEDAVICA, CCOO y UGT afirman sentirse “engañados” por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista tanto en el Congreso como en el Senado y anuncian que estudian convocar acciones para exigir al Gobierno que rectifique su decisión.
Redactor jefe de Noticias Obreras
