El Gobierno plantea ampliar de 25 a 30 años el cálculo de la pensión

CCOO considera que “no es necesario ampliar ese periodo” y reclama medidas de mejora de ingresos, reducción de la brecha de género y pensiones mínimas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado en contra de la propuesta.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto este lunes a los agentes sociales ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años, según han informado fuentes del Ministerio. Este cambio ampliaría en cinco años el periodo de cómputo, ya que en la actualidad se calcula con los últimos 25 años de cotización.

El Ministerio también ha planteado en la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social, reunida este lunes, una mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Las propuestas contemplan, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

En cuanto a la base máxima de las pensiones, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y empresarios la posibilidad de vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Esto irá acompañado de un incremento de la pensión máxima, según las mismas fuentes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año los dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativos a la “Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación” y “Adecuación de la base máxima de cotización del sistema”. En este sentido, el Ministerio dice que este planteamiento es “un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social”.

La medida no es necesaria

CCOO ha recordado en un comunicado que las variaciones en el periodo de cálculo no aparecen recogidas en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque admite que fueron incluidas por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Por el momento, este sindicato considera “claramente insuficientes” las propuestas presentadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también lamenta su “tardanza” para sentarse a negociar.

En esta línea, el sindicato manifiesta que todavía no es necesario ampliar ese periodo, ya que se acaba de culminar el desarrollo de la extensión anterior y aún no existe certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria.

No obstante, CCOO califica como “positivo” que el Ministerio haya atendido su reivindicación de garantizar la revalorización de las bases máximas y de todas las pensiones. De esta forma, se incorporará a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el IPC real promedio de los 12 meses precedentes. Esto evitará, a juicio del sindicato, que las bases máximas de cotización dependan de la “actuación discrecional” de cada Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.

Pese a la “satisfacción” por haber logrado la inclusión de esta propuesta, el sindicato exige medidas “más intensas” para el incremento de ingresos contributivos. Entre las reclamaciones, también se encuentra la necesidad de incrementar la intensidad de las medidas relacionadas con la mejora de ingresos.

Sobre este punto, CCOO precisa que la base máxima de cotización en España estará en los 4.495,50 euros al mes y los 53.946 euros anuales desde el 1 de enero de 2023, con cerca de 1,1 millones de trabajadores que tienen salarios superiores a esa cifra. Estos concentran unos 30.000 millones de euros de salarios cada año que, si cotizasen en su totalidad, generarían ingresos por cotizaciones del entorno de los 7.000 y 8.000 millones de euros anuales. Del mismo modo, el sindicato apunta que esa medida exige revisar la cuantía de la pensión máxima para garantizar el mantenimiento del principio de contributividad.

Respecto a la brecha de género en las pensiones, el sindicato aboga por incluir más medidas para su reducción y por mejorar las prestaciones vinculadas a la reducción del impacto de la brecha de género, como el complemento por brecha de género los periodos reconocidos como cotizados en situaciones de excedencia o la reducción de jornada.

En cuanto a la jubilación parcial, CCOO cree que debe revisarse esa modalidad para todos los colectivos profesionales.

Aunque esta mesa se centraba en la segunda parte de la reforma, en la reunión de este lunes se ha recordado la necesidad de concretar los desarrollos normativos pendientes de la primera fase, como el caso de la cotización de becarios y la modificación del artículo 248 de la Ley General de la Seguridad Social para resolver las incidencias de las prestaciones de incapacidad temporal en fijos-discontinuos en el sector agrario y el registro de parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad.

Es un “recorte” de derechos

Esta posición del ministro Escrivá tampoco suma apoyos en el Gobierno. De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado en contra de la ampliación del cálculo de la base reguladora de las pensiones a 30 años, asegurando que la medida dificultaría el acceso a la jubilación.

Es “un endurecimiento del acceso a las pensiones” que no puede compartir, ha dicho en declaraciones a los medios en la Feria Internacional del Libro en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde se encuentra de visita.

“Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos”, ha aseverado la vicepresidenta segunda del Gobierno.

En este sentido, Díaz ha recordado que durante muchos años el cálculo se hacía en ocho años para posteriormente pasar a 15 años. Más tarde, con la Ley 27/2011 aprobada por el Gobierno de Zapatero –y que todavía no ha entrado en vigor– se amplió el cálculo de la base reguladora a 25 años, según la ministra de Trabajo.

Con todo, ha hecho un llamamiento a “respetar” los trabajos que se hacen en la mesa de diálogo social, señalando a su vez que algunos de los debates que se están llevado a cabo sí tienen elementos positivos.

Redacción

Redacción de Noticias Obreras.