La lucha de los trabajadores en Colombia y las elecciones
La crisis económica colombiana, ocasionada desde los últimos Gobiernos por la corrupción, es uno de los flagelos que, como un cáncer, viene carcomiendo la economía.
Solamente en un año hurta al erario público la suma de 50 billones de pesos. Las administraciones de turno han hecho caso omiso a esta vena rota que día a día ha desangrado la economía. La situación se agrava en el año 2020 con la afectación económica ocasionada por la pandemia de COVID-19.
Ante esta recesión económica el Gobierno del presidente Iván Duque propuso al Congreso de la República el proyecto de la reforma tributaria llamada Ley de Solidaridad Sostenible, la cual proponía recaudar 23 billones de pesos para inversión social, con el cobro de impuesto a los cafeteros, incremento del precio de la gasolina, aumento de impuestos a la clase media-baja, cobro del IVA a los productos de primera necesidad de la canasta familiar, servicios públicos y funerarios ahora exentos, etc.
Beneficiando especialmente al 1% de la población colombiana, los más ricos; esto, más las promesas incumplidas por el Gobierno en las protestas de 2019, fueron las razones que causaron indignación al pueblo colombiano, el cual como gesto de rechazo incitó a las organizaciones sociales conformadas por estudiantes, centrales obreras, maestros, indígenas, transportadores y campesinos a convocar el paro nacional el 28 de abril en las principales ciudades del país.
Por tal razón, miles de colombianos amparados por el derecho constitucional a la protesta pacífica, salieron a las calles a pesar de la pandemia, e iniciaron manifestaciones pacíficas con el apoyo de los sectores populares en todo el territorio nacional destacándose la presencia de jóvenes quienes enfatizaron en la falta de oportunidades, el desempleo, falta de acceso a la educación superior, etc.
Al cuarto día de movilizaciones pacíficas y masivas, con represión policial, actos de violencia por parte de la fuerza pública, el presidente de la república se vio obligado a retirar la reforma tributaria y a aceptar la renuncia del ministro de Hacienda. Las movilizaciones continuaron durante diez días. La protesta fue contra la corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades para la juventud colombiana, el mal manejo de la pandemia, las disparadas cifras de pobreza que llega a los 21 millones de personas, los asesinatos de líderes sociales y por la misma durísima represión policial.
Después de una campaña electoral llena de desinformación para que el pueblo colombiano, en el mes de mayo de 2022, no votara por Gustavo Petro, este salió triunfante y fue elegido presidente de Colombia.
El primer punto de su discurso fue convocar a un gran acuerdo nacional a los partidos políticos conservadores, liberales, minga indígena, partido verde Así, Centro Democrático partido de Álvaro Uribe, organizaciones de afrodescendientes, otros partidos alternativos, etc. Las mayorías se sumaron al acuerdo; solo el Centro Democrático se declaró en oposición, pues no aceptan el triunfo de Petro y le han hecho varias demandas creando un ambiente de miedo en el pueblo.
Lo acusan de ser un guerrillero expropiador que les va a quitar las tierras, que los empresarios se van a ir con sus empresas para otro país, piden desconocer las elecciones incluso hablan de un golpe militar o que repitan las elecciones; los medios de comunicación al servicio del Gobierno de Duque se encargan de mantener desinformado al pueblo defendiendo las patrañas de lo que siempre han hecho parte de los Gobiernos de extrema derecha.
Las fuerzas militares también afines del Gobierno, cuyos generales están investigados por corrupción y por hacer parte de una política infame que reclutaba jóvenes en los pueblos diciéndoles que iban a trabajar y se los llevaban, los uniformaban, los armaban con fusiles y luego los ejecutaban haciéndolos pasar por bajas en combate. Hoy algunos militares han reconocido esas muertes.
Pese a todas estas campañas descalificando al presidente electo, este se ha reunido con partidos políticos y los demás convocados al acuerdo nacional. Está conformando su gabinete con personas idóneas con un gran conocimiento de los temas que les compete en cada ministerio. Entre ellas, la vicepresidenta Francia Márquez, una mujer luchadora afrodescendiente reconocida por su lucha contra la minería ilegal y sus nefastas consecuencias en el deterioro del medio ambiente, contaminación de las fuentes hídricas y deforestación.
Presidenta del Movimiento de Trabajadores Cristianos (MTC)
de Colombia