La siniestralidad laboral reclama Justicia con mayúsculas
Recientemente ha llamado la atención la noticia de la concesión de un indulto, concedido en el pasado mes de mayo, a la administradora de la empresa Ron Montero de Motril (Granada).
La condena fue a causa de un delito de homicidio y dos de lesiones «por imprudencia grave». Y es que la empresaria incumplió de forma flagrante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Concretamente excluyó expresamente la protección contra atmósferas explosivas de la evaluación de riesgos laborales de la empresa. Como consecuencia, no se pudo prevenir la deflagración que acabó en 2014 con una vida y destrozó el cuerpo de dos personas más. El motivo de esa omisión en la evaluación de riesgos laborales no fue otro que el coste económico que suponía.
Este es un caso muy significativo, no solo por los hechos, sino también por la trayectoria personal y familiar de quienes están al frente de la empresa motrileña.
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Presidente de AVAELA.
