Huelga en los servicios a la infancia de Madrid en manos de un fondo de inversión
La plantilla del Grupo 5 encargada de parte de la red de atención a la infancia del Ayuntamiento de Madrid se ha declarado en huelga para reivindicar los aumentos salariales presupuestados.
Cuatro años y medio y cuatro paros parciales después, las más de 70 personas trabajadoras de esta empresa que atienden tres Centros de Atención a la Infancia y los Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar de la ciudad de Madrid han iniciado una huelga indefinida por la mejora de sus condiciones de trabajo y del servicio que prestan.
Ante la negativa de la empresa a negociar las condiciones de trabajo, han respondido con una movilización por la subida salarial, “entendiendo que somos la plantilla más precarizada de la red municipal de atención a la infancia”, explica Estíbaliz Carrascosa presidenta del comité de SEF del Grupo 5.
Denuncia que el dinero presupuestado y entregado por el Ayuntamiento para la mejora de los salarios “no llega a las trabajadoras”. De hecho, el resto de empresas concesionarias del servicio sí han trasladado la cantidad recibida a los salarios.
“Somos la plantilla más precarizada de la red municipal de atención a la infancia”
El Ayuntamiento de Madrid calculó el salario de estos profesionales en unos 23.000 euros de media al año, pero la empresa abona como máximo, 20.500 euros. Los trabajadores y las trabajadoras de esta firma reciben de media unos 3.000 euros menos al año que sus compañeros de otras empresas adjudicatarias y unos 8.000 menos que sus compañeros directamente contratadas por el consistorio.
Sin embargo, Grupo 5 aplica los niveles salariales del convenio de reforma y protección de menores, en vez de aplicar el de intervención social que se firmó después de haber resultado adjudicataria del concurso público, al tiempo que ha dejado de pagar mejoras salariales a las personas contratadas con posterioridad a 2016.
“El ayuntamiento se muestra empático con nuestras reivindicaciones, sabedor de cuáles son nuestras condiciones de trabajo, pero no pasa de las buenas palabras”, se queja la presidente del comité de empresa.
Aunque la actuación de la empresa es legal, al cumplir con los mínimos obligatorios establecido en el pliego de condiciones, el consistorio podría “mojarse algo más”, afeando el trato a las trabajadoras o presionando para que mejore el clima laboral que luego repercute en el servicio del que es, al fin y al cabo, responsable.
El personal especializado en psicología, trabajo social y educación social atiende situaciones de riesgo para la infancia, acompaña a los y las menores, interactúa con las familias, interviene en procesos judiciales y media con el resto de servicios sociales. Actúan en un contexto altamente problemáticos en nombre del Ayuntamiento de Madrid, aunque dependan de Grupo 5.
Condiciones laborales
Además, denuncian la altísima rotación, muy perjudicial para la eficacia de su intervención, ya que en cuanto pueden surge una vacante en otra empresa del sector se marcha y luego cuesta tiempo encontrar nuevos profesionales dispuestos a trabajar en las condiciones que ofrece el Grupo 5.
Estas circunstancias afectan a la hora de tomarse las vacaciones, conciliar la vida laboral con la familiar e incluso a la salud mental, dada la complejidad de casos en los que han de intervenir y la sobrecarga constante de tareas y funciones.
La dirección de la empresa apenas aplica medidas para flexibilizar los horarios, por lo que muchas personas contratadas, la mayoría mujeres, son obligadas a reducir su tiempo de trabajo y su sueldo para atender sus necesidades de cuidados.
Masivo seguimiento de la huelga
Hasta el momento, el seguimiento de la huelga, que comenzó el 8 de julio, ha sido masivo, a pesar de que con servicios mínimos del 50% –en vacaciones la plantilla trabaja al 40%– el impacto en la rutina diaria se nota poco.
“Hemos llegado a un punto de no retorno, es insostenible seguir así, estamos agotadas y por eso vamos a tirar para adelante hasta conseguir lo que pedimos”, explica Carrascosa, quien agradece el apoyo recibido de otras entidades sociales, de la profesión y de los grupos políticos.
En 2018 Corpfin Capital compró esta empresa que presta servicios sociales, educativos y sociosanitarios, en su mayoría a través de contratos con las Administraciones Públicas. Según su propia información, emplea a 2.200 profesionales y atiende diariamente a 4.500 personas en 130 centros repartidos por 12 comunidades autónomas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
