Organizaciones sociales reclama una reforma del Reglamento de Extranjería “más ambiciosa”

Organizaciones sociales reclama una reforma del Reglamento de Extranjería “más ambiciosa”
Consideran necesario abordar una regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes

Las organizaciones sociales Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CEPAIM y Red Acoge, reconocen que el borrador de reforma del Reglamento de Extranjería del Gobierno recoge “aspectos positivos” aunque consideran necesario “ser más ambiciosos abordando aspectos que la reforma no incluye y proponiendo mejoras técnicas en el texto del articulado”.

Las entidades consideran imprescindible subrayar que esta modificación normativa continúa reforzando la idea de vincular inmigración y mercado laboral. Además, “obvia que, por encima de todo, a estas personas se les debe reconocer la condición de ciudadanos de pleno derecho más allá de la coyuntura del mercado laboral”. Asimismo, lamentan el escaso tiempo para aportaciones de los distintos agentes sociales debido a la tramitación por la vía de urgencia, de ahí que reclamen la apertura de “un diálogo con la sociedad civil para que desde nuestra práctica diaria podamos lograr una reforma de mayor alcance del reglamento de extranjería”. En este sentido, han presentado, en el portal de Transparencia, un informe jurídico con aportaciones al borrador de reforma del Reglamento de Extranjería.

Las cuestiones que las organizaciones sociales, con una amplia experiencia en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas, consideran que deben ser abordadas están dirigidas a flexibilizar y favorecer el derecho a la reagrupación familiar, el fomento de los visados de búsqueda de empleo y facilitar la reincorporación al mercado laboral de los solicitantes de protección internacional.

Flexibilizar la reagrupación familiar

Actualmente, los procesos de reagrupación familiar son largos, complejos y costosos, poniendo en entredicho el derecho a la vida en familia reconocido por los tratados internacionales y por la propia ley de extranjería. Flexibilizarlos supondría fomentar una vía legal y segura de acceso al país. Aunque en la práctica, algunos aspectos han sido flexibilizados mediante Instrucciones dictadas por la Dirección General de Migraciones, es necesario dotar esos cambios de estabilidad normativa.

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Autorizaciones de búsqueda de empleo

La reforma puede constituir, en opinión de estas organizaciones sociales, una oportunidad para profundizar en los visados de búsqueda de empleo como vía de acceso legal y segura permitiendo la entrada y permanencia legal en España durante la vigencia de este, así como su ágil intercambio por un permiso de residencia y trabajo en caso de que se formalice un contrato o se emprenda un negocio por cuenta propia.

Solicitantes de protección internacional

Dada la concurrencia de campos entre la normativa de extranjería y la normativa de protección internacional, aun teniendo objetivos diferentes, resulta imprescindible una articulación adecuada de dichas normativas. Las entidades sociales proponen mejoras técnicas al articulado concreto del borrador de reforma, buscando una mayor eficacia de los procedimientos y garantizando los derechos de las personas migrantes y de sus familias.

Regulación extraordinaria

El texto planteado por el Gobierno no recoge una regularización extraordinaria de personas extranjeras, cuestión que las cinco organizaciones consideran necesario puntualizar y que como sociedad consideran necesario abordar.

Una opinión compartida por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) que apoya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria alrededor de 500 mil personas que no pueden ejercer sus derechos y están en situación de vulnerabilidad y desprotección social, forzados muchas veces para sobrevivir a trabajar en condiciones de extrema explotación en la economía sumergida y expuestas a todo tipo de abusos. La regularización extraordinaria de los trabajadores migrantes en situación administrativa irregular es un deber de justicia que tenemos como sociedad.

 

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