Malos tratos y mala atención sanitaria a las personas privadas de libertad de los CIE
“Nos tratan como a perros” o “siempre nos hablan a gritos”. Esta son algunas de las muchas quejas de las personas privadas de libertad en los centros de extranjeras recogidas por el Servicio Jesuita a Migrantes en su informe Territorio Hostil: formas diversas de hostilidad en los CIE
Este último estudio, que hace el número 12, se concentra en analizar el maltrato y las agresiones detectadas, las poco diligentes y efectivas investigaciones desarrolladas por los responsables, y las deficiencias de los servicios médico-sanitarios que se han registrado en 2021 en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
La coautora del informe y miembro de Pueblos Unidos, Ana Bosch, ha recordado que “la verdadera protección de la integridad y salud de las personas que están bajo custodia de establecimientos públicos tiene que ser el fundamento de actuación de cualquier administración”.
“Hemos sido testigos de las actuaciones de determinados policías que provocan lesiones y la adopción de medidas de seguridad arbitrarias, excesivas y humillantes que dañan la integridad de las personas que están internadas”, ha denunciado Ana Bosch.
No obstante, ha detallado que los cortos plazos de tiempo, las limitaciones de acceso a determinada documentación que pueden servir de prueba o la barrera del idioma suponen serios obstáculos para demostrar judicialmente la existencia de estos sucesos dentro de los centros.
Como ha constatado el Defensor del Pueblo en un informe propio, escasean en la práctica las denuncias que son investigadas, porque en la mayoría de los casos son sobreseídas por no poder localizar a los denunciantes, en paradero desconocido tras ser puestos en libertad o devueltos a sus países de origen.
Ya en 2019, uno de los juzgados de control de Madrid había resuelto, ante una denuncia presentada, que la dirección del CIE había incumplido el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas al someterlas a tratos degradantes y vejatorios.
Recomendación del Defensor del Pueblo
Ante las denuncias presentadas en marzo del 2021 en sede judicial de tres casos de agresiones policiales en el centro de Aluche, el Defensor del Pueblo, recomendó a la Dirección General de la Policía la elaboración de un protocolo para la tramitación de quejas y denuncias de malos tratos, que debía recoger el principio de realización de una investigación efectiva; la no expulsión mientras se determinar la existencia de indicios de delito o falta disciplinaria. Y la remisión inmediata de la información oportuna a los juzgados de instrucción, no solo a los de control.
Recientemente, los juzgados de control del CIE de Madrid han emitido una resolución conjunta para reforzar la garantía jurídica para una denuncia segura y una investigación de los hechos efectiva, con el compromiso de la tramitación urgente de determinadas diligencias.
“Acabar con esta opacidad que permite el incumplimiento sistemático de nuestro o jurídico en perjuicio del derecho de defensa de las personas privadas de libertad que están en los CIE es un camino largo pero que no podemos detener”, ha advertido Bosch.
Servició médicos, otra forma de hostilidad
El SJM también ha detectado que continúan los internamientos de personas con graves afectaciones sanitarias, que sigue sin haber protocolo de coordinación entre administración y que no se atienden los problemas relacionados con la salud mental.
“Los malos tratos, como la deficiente atención sanitaria, son solo ejemplos de la hostilidad que reciben las personas que son afectadas por una medida tan injusta como ser internadas en un centro para extranjeros” ha subrayado Bosch.
Tras dar cuenta del resultado de la investigación sobre lo que entienden que son ejemplos de la hostilidad hacia las personas extranjeras, ha insistido en que “proteger el respeto de los derechos fundamentales de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad y proveerles de las herramientas necesarias para que puedan defender y ejercer sus derechos es algo a lo que tenemos que responder todos, siendo una responsabilidad propia de un Estado democrático y de derecho”.
Discrecionalidad en el CIE de Barcelona
Por su parte Josetxo Ordóñez, de Migra Studium de Barcelona, tras denunciar la “amplia discrecionalidad” con que la dirección del CIE de Barcelona ha impuesto un régimen arbitrario de visitas a las organizaciones de la sociedad civil, se ha visto en la obligación de recordar que estamos ante un “derecho fundamental que tiene una doble faz”.
Por un lado, el derecho de los internos a contactar con las organizaciones de la sociedad civil; y en el envés, el de las organizaciones a entrar en contacto con los internos y acceder a los CIE, para realizar laborales de supervisión, prevención y colaboración con las administraciones. “Este tiene que ser entendido por las administraciones, en concreto por la dirección del centro y por el ministerio del Interior”, ha insistido.
El autor principal del informe Josep Buades y director de la Asociación Claver-SJM, ha criticado a la Dirección General de Policía por no haber ofrecido los datos solicitados, como dicta la ley, a través del portal de transparencia, ni haber atendido la reclamación del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La ONG de los jesuitas cuenta con cuatro equipos de personas voluntarias que visitan los CIE de Madrid, Valencia, Algeciras y Barcelona, estos centros son “símbolo de la hostilidad hacia los extranjeros”, donde ha arraigado la opacidad, la impunidad y la vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Como organización, ha declarado Ordóñez, su función es “creer en la vigencia del derecho fundamental de la sociedad civil a conocer lo que ocurre en los CIE y a intervenir siempre desde el respeto a la dignidad de las personas, a la dignidad humana”.
Ha concluido expresando su deseo de que “todos los actores que intervienen en el sistema de internamiento y expulsión entendieran de forma cabal nuestra convicción, la facilitaran, respetaran e incluso la compartieran”.
Buades ha compartido su aspiración de que este informe se convierta en una herramienta para “convertir la hostilidad en acogida y hospitalidad”, de modo que se proceda al cierre de los CIE, a pesar de la férrea voluntad política de mantenerlos y los intentos de ocultar la realidad que experimentan las personas dura e injustamente tratadas solo por el hecho de haber entrado en nuestro país sin la documentación exigida.
Redactor jefe de Noticias Obreras
