La resolución judicial para garantizar los derechos básicos en los CIE, aplaudida con reservas por las ONG de Derechos Humanos

La resolución de los Juzgados de Control del Centro de Internamiento de Aluche y el Consejo General del Poder Judicial para reforzar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad es un “primer paso” al que tienen que seguir muchos otros, según las ONG de Derechos Humanos

Casi un año después de la interpelación a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos (Fundación San Juan del Castillo)-SJM y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, ante la “escalada de violencia detectada” en el CIE de Madrid en julio de 2021, se ha resuelto el expediente gubernativo con siete medidas sobre del derecho a la salud y a la integridad física de las personas internadas que deben impulsar los responsables del centro y de las entidades intervinientes.

La coordinadora del equipo de visitas de Pueblos Unidos – FSJC (red SJM), Ana Bosh, ha celebrado la resolución, pero ha pedido cautela hasta comprobar cómo se ponen en práctica y ha insistido en que todavía siguen persistiendo aspectos preocupantes en el trato dispensado a las personas internadas en los CIE.

También, la portavoz de CIEs No Madrid y coordinadora del equipo de visitas del CIE de Aluche de Mundo en Movimiento, María Paramés, considera que  la propuesta con los requerimientos y recomendaciones se queda “bastante corta”. En su opinión, se vuelven a debatir “asuntos que ya están resueltos por resoluciones judiciales previas” y por “leyes en las que se garantizan los derechos fundamentales de las personas en general y privadas de libertad en los CIE”.

También juzga la resolución como una “buena noticia” el integrante del Centro de Documentación contra la Tortura, Jorque del Cura, porque al menos “reconoce la existencia de un problema, las denuncias y existencia de malos trataos, que es el primer paso para poner solución”.

La dirección del CIE de Aluche, junto con la Policía Nacional y los servicios sociales, jurídicos y sanitarios, deben elaborar un protocolo que permita a las personas internas denunciar presuntos malos tratos y torturas, además de ofrecer actividades sociales y culturales a las persona internadas.

También se han comprometido a reforzar la protección de la intimidad de las personas internas durante la atención a su salud y a informar con premura al equipo forense para valorar diligentemente la situación de las personas que, en el momento de ser internadas, expresen padecer alguna enfermedad.

Además, la policía deberá estar en contacto con el Ministerio de Justicia para detectar la presencia en los CIE de posibles víctimas de violencia de género, con el fin de concederles la protección internacional que establecen las leyes.

Para prevenir la tortura y los malos tratos, las denuncias y partes de lesiones se harán llegar urgentemente a los juzgado de control que tendrá que remitirlo sin demora a los juzgados de instrucción para que abren las diligencias, con la fecha probable de expulsión de la persona que manifiesta la presunta violación de su integridad, a la que se le asignará abogado y procurador, para que la investigación no se cierre en caso de que fuera deportado.

Hasta ahora, las personas que han informado y presentado denuncias, mayoritariamente han sido expulsadas sin haberse hecho las diligencias oportunas, de modo que cuando se ha querido investigar no ha podido recabarse su testimonio, explica Del Cura,

Paramés, por su parte, ha explicado que por lo general, las mujeres internadas en CIE son gente con arraigo bastante largo, que no han podido acceder a sus derechos laborales, a pesar de desarrollar una actividad económica durante años y años”.

En palabras de Bosch, “lo que ocurre dentro de los CIE es una pequeña muestra de la crisis social y sistémica que vivimos, en la que el incumplimiento del ordenamiento jurídico no tiene consecuencias. Son siempre las mismas personas las que son perseguidas por un sistema salvaje y securitario, que deja a la persona atrás y pone por encima los intereses políticos y económicos”.

La portavoz de Pueblos Unidos matiza que la resolución se dicta en Madrid y es “aplicable al CIE de Madrid”, aunque apela “a todos los responsables de los CIE para que tengan una actitud proactiva para poner en marcha buenas prácticas y refuercen la protección de derechos. La diferencia de gestión y de garantías no puede ir en detrimento de las personas privadas de libertad”.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras