Cuestión de derecho y humanidad
A veces tenemos realidades delante de nuestros ojos y no las vemos, o no queremos verlas.
Viven a nuestro alrededor personas que nos son imprescindibles, esenciales: cuidan de nuestros mayores dentro de la economía sumergida, un término “amable” que usamos para no hablar directamente de explotación y falta de derechos.
Y es que algunas leyes, aunque sean leyes, son injustas y no deberíamos cejar en el empeño de modificarlas hasta conseguir hacerlas más humanas.
La mayoría de las veces son los gobiernos los que impulsan las leyes, pero otras somos los ciudadanos en un ejercicio de responsabilidad social los que tomamos la iniciativa con las herramientas que la ley nos ofrece. Esto es lo que plantea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por seis organizaciones ciudadanas y apoyada con un creciente número de organizaciones sociales y eclesiales entre las que se encuentra la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
Se necesitan 500.000 firmas, que se están recogiendo desde el pasado 26 de enero hasta el próximo 23 de septiembre, para presentar al Parlamento esta ILP que plantea abrir un proceso extraordinario de regularización de la situación administrativa de personas migrantes. Las estimaciones más recientes nos hablan de entre 390.000 y 470.000 personas residiendo en España en esta situación, una tercera parte de ellas sería menores.
La actual ley de extranjería LO 4/2000 es muy restrictiva en cuanto a los criterios de acceso a la residencia y el proceso administrativo es lento y excesivamente burocratizado.
Tal y como se explica en la exposición de motivos que impulsan esta ILP existen varias razones que justifican este proceso, que contempla la ley, y que se ha realizado al menos en seis ocasiones en España con gobiernos de todo color.
En primer lugar, por una cuestión de derechos y humanidad. La irregularidad administrativa supone para estas personas, invisibilidad, explotación laboral, abuso, desprotección institucional y exclusión.
En segundo lugar, por economía. La irregularidad administrativa supone una pérdida importante de aporte económico y fiscal al conjunto de la sociedad. La economía sumergida limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores y trabajadoras a los impuestos indirectos de lo que consumen, sin que puedan contribuir al sistema de seguridad social y de impuestos directos.
Finalmente, la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de servicios supone un déficit de gobernanza pública que se debe corregir.
El sufrimiento de tantas personas demuestra que nuestras políticas migratorias no son las adecuadas y hemos de repensarlas en profundidad. Con demasiada frecuencia calan en la sociedad discursos que ponen en riesgo la convivencia social y deshumanizan las relaciones sociales. Tampoco ayuda la indiferencia ante realidades que perece que no queremos ver.
Aunque nos cueste reconocerlo, pesa mucho lo que dice el papa Francisco: “los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona (…) Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se les considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos” (Fratelli tutti, 39).
Esta regularización extraordinaria sería solo un mínimo, pero necesario e imprescindible para personas del todo esenciales y un deber de justicia que tenemos como sociedad.
Militante de la HOAC de Granada.
