Las consecuencias del oligopolio energético

La electricidad es, sin lugar a duda, un bien de primera necesidad. Pero el capitalismo más feroz la ha convertido en un negocio. La ciudadanía paga una factura demasiado alta para que unos pocos, convertidos en oligopolio energético, disfruten de suculentos beneficios.

No en vano, tan solo tres empresas, erigidas en grandes propietarias mayoristas, controlan más del 80% del mercado eléctrico en España (Iberdrola, 32%; Endesa, 26%; y Naturgy, la antigua Gas Natural, 13%). Su poder avanza al abrigo de una nueva burbuja financiera en el sector. Y abarca ya el control de más de la mitad de las renovables y la energía verde operativa en nuestro país.

Los datos anteriores llaman por sí solos la atención. Pero se transforman en indignación al observar cómo funciona el mercado eléctrico. De manera muy resumida, en la factura eléctrica diferenciamos tres grupos de coste:

Costes regulados o fijos (representan aproximadamente el 50%), y entre otros se incluyen, costes asociados con el transporte y la distribución de electricidad, potencia contratada, peaje de acceso, alquiler de equipos (contador eléctrico), etc.; primas a las renovables o costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que venía suponiendo aproximadamente el 15% del recibo eléctrico doméstico. La necesaria descarbonización de la economía y su electrificación han supuesto un mayor coste para la ciudadanía a través de este pago en la parte regulada de la factura de la luz; financiación del déficit de tarifa, por la diferencia entre los ingresos que las empresas eléctricas percibían por los pagos de los consumidores y los costes que la normativa reconocía por suministrar electricidad; y sobrecostes de la generación extrapeninsular de la tarifa eléctrica, que obedecen a políticas de solidaridad territorial.

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Saúl Pérez

Economista y politólogo