Es hora de reformar la protección social para facilitar el acceso a las prestaciones sociales
Para reducir la pobreza y la desigualdad, agravadas por la pandemia, hace falta reformar en profundizar nuestro actual sistema de protección social y coordinar la acción de las distintas administraciones y organismos implicados (servicios públicos de empleo, seguridad social y servicios sociales).
En el primer semestre del año, había más de 1,7 millones de personas paradas de larga duración, el 55% de las cuales llevaba en desempleo más de 24 meses. El 19% de los inscritos en las oficinas de empleo acumula 4 años fuera del mercado laboral, de las cuales el 64% son mujeres.
Más de 1,3 millones de personas que han perdido su empleo no tienen acceso a las prestaciones por desempleo
El pasado junio, el cuatro de cada diez parados registrados, con experiencia laboral, carecían de prestación alguna por desempleo. Se calcula que más de 1,3 millones de personas que han perdido su empleo no tienen acceso a las prestaciones por desempleo.
La corta duración de los contratos, la alta rotación en el empleo y los bajos salarios condiciona fuertemente las prestaciones reconocidas a la población trabajadora. Las prestaciones contributivas, relacionadas con las cotizaciones durante la actividad laboral, apenas suponen el 43% de las concedidas por nuestro sistema de protección social.
Es así incluso después de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia, como la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o la atención a las personas empleadas de hogar, personas fijas discontinuas, trabajadores y trabajadoras agrarios, personas que agotaban su prestación durante el confinamiento, personas que finalizaban sus contratos temporales, artistas, profesionales taurinos…
En comparación con el año 2019, el gasto en prestaciones en junio de 2021 ha aumentado un 44%, especialmente en prestaciones contributivas (60%).
Los mayores de 50 años son el grupo más numeroso entre los que perciben prestaciones sociales, el 72% de los cuales se tiene que contentar con las denominadas ayudas asistenciales. Del total de personas con prestaciones reducidas al haber tenido contratos parciales, el 72% son mujeres. Algo lógico, ya que el 74% de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres.
CCOO considera urgente revertir la normativa que en 2012 estableció la parcialidad de los subsidios tras un contrato a tiempo parcial, algo que de momento solo han conseguido en el caso de los mayores de 52 años. Además, reclama la mejora para la gestión de las prestaciones, lo que significa destinar más recursos humanos y mejoras tecnológicas, entre otras.
Con todo, su principal reivindicación es la revisión en profundidad del sistema de protección social, para facilitar el acceso a quienes lo necesitan, evitando los vacíos de cobertura y conseguir la coordinación y cooperación entre los distintos ámbitos competentes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
