El plan de choque contra la subida de la luz va en la buena dirección
El llamado Plan de Choque para rebajar la factura de la electricidad ha sido saludado por sindicatos, consumidores y organizaciones sociales como un paso en la buena dirección, aunque todavía incompleto, mientras que las compañías eléctricas se oponen y amenazan con cerrar las centrales nucleares
Desde FACUA-Consumidores en Acción, a pesar de ver cómo positivas las medidas, se muestran cautos a la espera de ver el impacto que las rebajas fiscales tendrán en la factura de los hogares. Considera positivo que se intervenga el precio del gas para “detraer beneficios de las energéticas y valora el recorte de alrededor de 650 millones en los beneficios caídos del cielo”, si bien critica que la cifra está muy lejos de los 1.000 millones anunciados hace tres meses por el Gobierno.
Además, califica de “urgente” que el Gobierno defina un nuevo modelo de bono social eléctrico que implique cambios de calado”. Aunque, reclama “una inmediata reforma fiscal que provoque que las rentas más altas y las empresas con mayores beneficios aporten los miles de millones que van a dejar de recaudarse”
UGT apostaba por un “plan de choque más profundo”, al tiempo que exigía “revisar la fiscalidad energética eliminando, por ejemplo, el impuesto eléctrico, un impuesto anacrónico que tuvo su origen en las ayudas al carbón y que, a pesar de que hace tiempo desapareció su “primitiva” función, se ha convertido en una forma fácil de recaudación a través de la factura”.
La organización de trabajadores, aunque ha acogido positivamente la creación del suministro mínimo vital, juzga necesario extenderlo a quienes no tengan un contrato a su nombre, por estar alquilados, pero se encuentra en situación de dificultad. Del mismo, modo sigue reclamando la implantación de una empresa pública de la energía que regule un sistema de precios justos y sostenibles, además de una estrategia de lucha contra la pobreza energética más amplia; un Plan de Vivienda, para incrementar la eficiencia energética; y un nuevo modelo energético más sostenible, justo, equitativo, democrático y ciudadano.
El sindicato USO reconoce aspectos positivos en las medidas decretadas, pero critica sus tardanza e insuficiencia, al no abordar en profundidad la reforma del sector energético. Además, hace notar la alta ambición y de acción coordinada a nivel europeo. De hecho, advierte de que “se sigue sin abordar debidamente el problema del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 que protege a los inversores en tribunales privados”.
Igualmente, critica que “algunas de las medidas suponen de facto el aplazamiento del problema, con el pago de la factura en términos prácticos, generando una deuda ciudadana a futuro” y avisa de que la reducción temporal de impuestos no es una solución, “en tanto el detrimento de ingresos públicos también actúa negativamente sobre la financiación de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y las familias vulnerables. La aplicación de tipos superreducidos debiera ser estructural y compensada con otros ingresos fiscales”.
Para CCOO, el Gobierno ha hecho “ejercicio de su responsabilidad” y se congratula de que algunas de las decisiones coincide con la que venía pidiendo este sindicato. Sin embargo, lamenta el carácter “temporal” y aprovecha para expresar su preocupación por “la lenta habilitación de recursos para financiar una transición justa”.
Esta organización pide extender más allá del mes de marzo del próximo los descuentos por emisiones de CO2 remuneradas, pero no emitidas, o del Fondo de Sostenibilidad; la segregación horizontal del oligopolio hidroeléctrico para acabar con su comportamiento oportunista, o segregación vertical de las eléctricas rompiendo la estructura de empresas diferentes, pero en holding, de generación, distribución y comercialización.
El sindicato cree necesario crear “una empresa pública que se encargue de planificar y organizar una parte importante de la transición verde”, para lo que propone la creación de una empresa pública, además de la asignación los otros 70.000 millones en créditos blandos habilitados también por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como han hecho otros países de la Unión Europea.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha adjetivado como “imprescindible” el plan de choque aprobado y marca como retos de futuro poner fin al oligopolio eléctrico, fomentar el ahorro y el autoconsumo energético.
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La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, ha manifestado, en un comunicado, su “contundente rechazo a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros dirigidas contra las compañías eléctricas”, mientras que el Foro Nuclear ha advertido que si se aprueba el proyecto de ley sobre la retribución del CO₂ del mercado eléctrico, “sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”.
El megavatio hora cuesta hoy 172 euros en el mercado mayorista y sobrepasa en casi 20 euros el máximo histórico anterior de hace dos días. La factura eléctrica de los hogares superará los 100 euros, registrando un incremento en un año del 62%, según FACUA. Hasta el pasado mes de agosto, el recibo más caro de la historia había sido el del primer trimestre de 2012: 88,66 euros mensuales (con el IVA al 18%). El mes pasado, la factura del usuario medio batió todos los récords, situándose en 93,10 euros.
El Plan de Choque
La factura de la luz bajará un 22% por efecto del Real Decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros, al reducir impuestos, limitar los ingresos de las eléctricas y utilizar parte de la recaudación por las emisiones de CO2 para abaratar los precios de la energía.
Las medidas del plan de choque para reducir el precio de la electricidad se suman a la rebaja del IVA del 21 al 10%, decretada el pasado mes de junio, para suministros de hasta 10 kW, hasta final de año.
También suspendió el Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) a la generación, que estaba en el 7% durante el tercer trimestre y así permanecerá. Ahora rebaja el Impuesto Especial de la Electricidad, que pasará a ser del 0,5%, el mínimo permitido por la Unión Europea, aunque tendrá que compensar a las Comunidades Autónomas, que recaudaban unos 1.400 millones al año.
Unos 2.000 millones de euros del fondo recaudado por las subastas de CO2, hasta ahora eran 1.100, se destinarán a cubrir los costes del sistema eléctrico. Además, se recortan los ingresos de aquellas centrales que se benefician del sobreprecio resultante en el mercado de la energía, sin tener que soportar los altos costes del gas (nucleares e hidroeléctricas).
La minoración del 90% de los ingresos extras resultante de la situación del Mercado Ibérico del Gas, cuando cotice por encima de los 20 euros supondrá una reducción de entre 2.500 y 2.600 millones de euros. Así ocurrirá al menos hasta el 31 de marzo, momento en el que se estima acabará la actual espiral alcista que ha elevado hasta los 60 euros por megavatio/hora esta fuente de energía.
El Gobierno también limita durante dos trimestres las tres modalidades de la tarifa regulada del gas natural, al 4,6% de media, en vez subir el 29% que marca el precio actual de la materia prima. Las comercializadoras tendrán que asumir temporalmente transitoriamente la diferencia, aunque en revisiones posteriores podrán cargar lo adeudado a sus clientes.
El ejecutivo ha establecido un “nuevo suministro mínimo vital”, por el que se extiende la prohibición de corte de la luz a los consumidores vulnerables severos, durante seis meses más (diez en total) y se garantiza un “mínimo de confort” con una potencia de 3,5 kv.
El decreto igualmente establecerá una nueva tarifa regulada de electricidad al que se acogen voluntariamente los clientes que aceptan las ofertas de sus compañías, de moto que la referencia de precio no se incremente más allá del 10%
No va a ser inmediato, pero el ministerio de Teresa Ribera cambiará el modelo de fijación de precios de la electricidad, con la celebración de subastas a largo plazo en las que las grandes generadoras estarán obligadas a ceder parte de su energía a comercializadoras independientes y grandes consumidores, a un precio de reserva que será propuesta por la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia, según los costes de generación
Junto a ello, está en tramitación en el Congreso el recorte en unos 650 millones de euros en la retribución extra a las centrales eléctricas por la subida del CO2 y el establecimiento de un fondo para no cargar las primas a las renovables en la factura de la luz.
La ministra Teresa Ribera ha anunciado que se modificará la Ley de Aguas para “evitar súbitos desembalses”. Las confederaciones hidrográficas deberán establecer un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales, además de un volumen mínimo de reserva.
Redactor jefe de Noticias Obreras
