El alza de la luz requiere la actuación urgente del Gobierno
La continua subida del precio de la electricidad es insostenible y fraudulenta, según las organizaciones sindicales, que exigen al Gobierno medidas urgentes para evitar la especulación con un bien esencial.
El actual sistema de fijación de precios es el resultado de la “inacción” de los sucesivos Gobiernos a la hora de reformar el sector eléctrico. El modelo actual impide contar con precios más asequibles y competitivos, algo que además de beneficiar a las personas, serviría de impulso para la industria y el sistema productivo.
UGT ha denunciado que la luz se ha convertido en “un bien inasequible para millones de ciudadanos, tanto para las personas más vulnerables como para los trabajadores y trabajadoras con sueldos más bajos”, a pesar de tratarse de un bien esencial. Como tal, debería tener un coste razonable y no quedar en mano de “la especulación de las empresas privadas”, apunta el sindicato.
La organización de trabajadores defiende la creación de empresas públicas de energía, como han hecho otras organizaciones sociales y políticas, y como ya sucede en la mayoría de países de nuestro entorno, para establecer precios más justos y transparentes.
UGT ha pedido a los partidos políticos que “dejen de lado sus intereses particulares y se centren en solucionar los problemas de las personas”, para poder alcanzar acuerdos de Estado en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.
La nueva facturación perjudica a los más vulnerables
El nuevo sistema de facturación eléctrica, aprobado por el Gobierno, con 240 precios distintos, permite establecer la tarifa más alta en las horas centrales del día, por lo que usar la vitrocerámica, la lavadora o el aire acondicionado supone un desembolso económico muy alto para las familias, sin olvidar que aumenta el coste del teletrabajo, que deberían asumir las empresas, aunque no lo hacen en muchas ocasiones, y el de la educación a distancia.
Tampoco se puede olvidar que este precio de la luz también ahoga a las pequeñas empresas y comercios, con una subida del 35% en el coste en los últimos meses, reduciendo los beneficios y en consecuencia, las condiciones y derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. La fijación de precios justos de la energía beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de nuestro tejido productivo.
Para UGT, por conveniente que sea apelar a la responsabilidad individual para luchar contra el cambio climático y fomentar el ahorro energético, no es de recibo “pedirle a la clase trabajadora que apechugue con tantos recortes a su calidad de vida, mientras no se interviene el oligopolio privado que contamina ecosistemas, vacía pantanos, y se lucra especulando con precios que los trabajadores tienen que pagar con sudor y lágrimas”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
