La Carta Social Europea ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico
La llamada constitución social europea “supera a todos los instrumentos existentes en la Unión Europea en materia de derechos sociales”, además de tener la “capacidad protectora que quieren tener las Constituciones”.
Es lo que opina la vicepresidenta de Asuntos Europeos, Relación con el Tercer Sector y Movimientos Sociales de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Sali Guntín, tal y como ha dejado de manifiesto en la videoconferencia “La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales”, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la propia EAPN-ES.
La ratificación de la Carta Social Europea Renovada por parte de España, el tercer país, después de Francia y Portugal, en hacerlo íntegramente, “llega en el momento oportuno”, sobre todo, por la situación que estamos viviendo, “con un aumento de la situación de pobreza y de exclusión social, de la desigualdad de género, de la pobreza infantil y de la precariedad en el empleo, entre otros”, según Guntín.
Garantizar el ejercicio de los derechos
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, que ha intervenido en el seminario por internet, ha comentado que “los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados e irreversibles”. De ahí que, en su opinión, la ratificación de esta Carta suponga “un compromiso profundo en la erradicación de la pobreza y el reconocimiento de un estatus social a la altura de Europa”. “Esta ratificación es el inicio en nuestro compromiso con las organizaciones del Tercer Sector”, ha concluido.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ha asegurado que “la única fórmula para asegurar el bienestar y la inclusión son los derechos”. En este sentido, para él, esta Carta permite desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales y es, además, un “nuevo garante para las personas con discapacidad”. “Un gobierno responsable no puede permanecer impasible a la desigualdad y debe luchar para que nadie quede atrás”, ha indicado.
Reclamar ante los incumplimientos
Esta importante norma europea recoge, además, un procedimiento de reclamación individual y la creación de un Tribunal Europeo de Derechos Sociales, con lo que la ciudadanía puede hacer invocar protección ante los retos derivados de los procesos de digitalización, de la economía o de la crisis medioambiental. Al mismo tiempo, se ha abierto la posibilidad de reforzar la reclamaciones colectivas, como por ejemplo, ante la vulneración del derecho a la vivienda.
El presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, ha afirmado que son las entidades sociales del Tercer Sector las que deben ser “incentivadoras” de la voluntad política para adaptar esta nueva legislación a la realidad social que estamos viviendo. Además, el senador Antonio Ferrer ha reconocido que “hemos tardado 25 años en tener esta Carta suscrita”, pero que se trata de un “campo de interés” para el Tercer Sector, para los defensores de las libertades fundamentales de las personas, “que va a incidir en los cambios legislativos y en ensanchar nuestro estado del bienestar”.
La Carta Social Europea revisada es un instrumento de capital importancia en materia de derechos en el entorno laboral y social, por lo que su incorporación al ordenamiento jurídico es fundamental, ya que va a ser la base jurídica desde la que se mejore la aplicación de derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras.
Redactor jefe de Noticias Obreras
