Jóvenes investigadores: Seguir en otro país o irse a la empresa privada
En julio unos 75 jóvenes investigadores de la Junta de Castilla y León, dejarán los proyectos en los que llevan trabajando mucho tiempo. Sus contratos no han sido prorrogados, a pesar de que la ley de medidas urgentes contra la COVID-19 lo permite.
A pesar de la necesidad de invertir en ciencia, las Administraciones Públicas de España no parecen tomarlo en serio. La Ley 2/2021 permite extender los contratos de investigación que concluyan entre el 2 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2023.
El ministerio de Universidades, algunas comunidades autónomas y algunos centros públicos de educación superior han optado por mantener su financiación. No así la Junta de Castilla y León.
No es de extrañar que el futuro más probable que ven dos investigadoras predoctorales de la Universidad de Valladolid sea “seguir investigando, pero en otro país” o “volver al mundo de la empresa u opositar a profesora de Secundaria”, respectivamente, que trabajan juntas en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid, aunque sus pagadores sean distintos.
La leonesa Marina Getino Álvarez, de 32 años de edad, es investigadora predoctoral en la Universidad de Valladolid, gracias a un contrato financiado por el Gobierno, además de militante de la JEC. Su compañera, Sara Uzquiano Pérez, de 32 años, es de Valladolid, pero su contrato lo paga la Junta de Castilla y León.
Marina trabaja en el área de Edafología (estudio del suelo) y Química Agrícola en la Escuela de Ingenierías Agrarias y Sara en el departamento de Producción Vegetal y Recursos Forestales. Ambas ejercen la docencia universitaria, imparten talleres y seminarios y se dedican a la divulgación.
El objeto de sus investigaciones es la mejora de la función de los bosques como almacenes de CO2, el principal gas responsable del efecto invernadero, aunque Marina se centra en la capacidad de absorción de los suelos y Sara en la de las diferentes especies arbóreas.
“Nuestras condiciones de trabajo son prácticamente las mismas, distinguiéndose únicamente en el objeto de nuestra investigación”, explica Sara. Ambas deben cumplir con 37,5 horas semanales de trabajo, “aunque la dedicación real de un investigador predoctoral generalmente es muy superior”, además de ser incompatible con cualquier otra ocupación laboral.
A raíz de la aprobación del “Estatuto del personal investigador predoctoral en formación (EPIF)”, en 2019, lo sueldos de todo el personal se han igualado y ahora cobran, después de las subidas, en torno a 1200 euros.
“La presión por sacar artículos científicos para ser competitiva y tener opciones, las largas horas de trabajo, la impartición de docencia, laboratorio, campo… Todo se va juntando y la presión es enorme”, explica Marina.
Sara se enfrenta, ahora que la Junta no mantiene por más tiempo su contrato, a la disyuntiva de continuar su investigación, por su cuenta y con sus propios recursos, o abandonar. “Tengo claro que trataré de irme de Castilla y León, pues veo que aquí no se valora el trabajo que estamos haciendo que es justamente poner en valor los recursos naturales de nuestra región”, dice Sara.
Para Marina, está claro que “cuando entras en el mundo de la ciencia te vas dando cuenta de que la carrera del investigador es muy muy difícil (más allá de la complejidad de tus investigaciones…) y muy muy sacrificada. Las opciones para promocionar donde investigas son nulas, y las posibilidades de continuar con tu carrera científica en España son prácticamente cero”.
A pesar de que su contrato se alargará hasta finales de este año, habla de un futuro poco prometedor. “¿Estoy dispuesta, a mis 32 años, a estar saltando de contrato en contrato y de país en país? ¿Estoy dispuesta a renunciar a tener una vida familiar y un trabajo mínimamente estable?… Desarrollar una tesis doctoral en si es un camino muy largo, tedioso y poco reconocido… y la situación laboral y de futuro que tenemos lo empeora aún más”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
