El Gobierno opta por la vía represiva, a pesar de la sinrazón de los centros de internamiento para extranjeros
La vuelta a la utilización de los Centros de Internamientos de Extranjeros muestra la opción por la vía represiva del Gobierno español, que sigue sin tomar medidas efectivas para garantizar los derechos humanos de las personas en tránsito.
Así se desprende del Informe Anual 2020 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), con el título “Razón jurídica y sin razón política”, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y presentado con un acto en el Senado.
Desde la reapertura de los CIE, en septiembre,” con insuficientes medidas preventivas anti COVID y aislamientos severos para personas contagiadas”, según el informe, unas 2.224 personas fueron internadas, el 79% con la intención de ser devueltas tras haber entrado irregularmente y el 16% con expedientes de expulsión.
Para evidenciar la inutilidad de los CIE y el innecesario sufrimiento que se infringe a las personas migrantes, el SJM detalla que menos del 30% de las personas devueltas desde España, unas 1.904, y menos del 40% de las expulsadas salieron de estos establecimientos. Casi la mitad, el 47% de los internados, quedaron en libertad, al no poder ejecutarse su repatriación.
Los derechos a una instrucción exhaustiva ante denuncias de torturas y tratos degradantes e inhumanos; a recibir protección internacional o tutela en el caso de los menores de edad, así como a sanciones proporcionadas a la gravedad de los delitos, actualmente se pueden poner multas por estancia irregular, según el informe, no está suficientemente garantizados, como tampoco a la atención sociocultural, jurídica y sanitaria.
El estudio considera que las visitas de las ONG son, en estas circunstancias, más necesarias que nunca. Sin embargo, desde la reapertura de los CIE, solo el equipo del SJME de Madrid ha podido reemprender su labora.
Para el SJM las obras de un nuevo CIE en Botafuegos, Algeciras, con una inversión de casi 27 millones de euros entre 2021 y 2024, así de mejora de otros centros, suponen “una clara apuesta política por el internamiento y la vía represiva”
En el informe, SJM reitera su compromiso de acompañar y defender a las personas internas en los CIE, reclamando una vez más su cierre y la búsqueda de otras alternativas jurídicas y políticas para las personas que caen en la irregularidad.
El análisis de SJM recuerda, por último, que los tribunales han reconocido la responsabilidad del Estado en la muerte de Samba Martine, en diciembre de 2011, tras “una década de lucha judicial y social por parte de la familia y
organizaciones sociales cercanas”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
