Sale adelante el fondo para las víctimas de amianto
El Congreso de los Diputados ha dado su apoyo a la creación del fondo de compensación para las víctimas de amianto, con 296 votos a favor, 52 abstenciones, procedentes del grupo parlamentario de VOX, y un voto en contra. La comisión parlamentaria correspondiente abrirá ahora un periodo para presentar enmiendas.
La proposición de ley, a iniciativa del Parlamento Vasco que la respaldó por unanimidad en mayo de 2019, ha sido defendido en la pleno del Congreso por Maitane Ipiñazar (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE-EE), quienes han coincidido en calificar la como un hecho “de justicia, tras la “deuda histórica” con los afectados contraída por el Estado que no prohibió el uso del amianto hasta el año 2002.
Los sindicatos, junto con víctimas de amianto y familiares, se manifestaron a las puertas del Congreso durante el pleno en el que se procedió a la votación de la propuesta de ley. Algunas, incluso estuvieron en el hemiciclo escuchando los discursos parlamentarios y siguiendo el recuento de los votos.
“La aprobación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto debería servir para mejorar los derechos de estas personas enfermas y para poner fin al penoso itinerario por los juzgados al que se ven sometidas”, declaró Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO.
Su homóloga en UGT, Ana García de la Torre, explicó que “buscamos que las víctimas sean indemnizadas por los daños derivados de esta sustancia, evitando que tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el elevado coste económico y personal que esto implica y el riesgo de obtener sentencias con resultados dispares”.
El fondo se constituirá como un organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio que tenga asumidas las competencias en materia de Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar. Su finalidad será la reparación íntegra de los perjuicios tanto de toda aquella persona que haya obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto como de toda aquella que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición a este material.
La solicitud de compensación deberá justificarse a través de un certificado médico que reconozca la enfermedad y documentación que demuestra la exposición al amianto. En el caso de que haya sido reconocido el origen profesional de la enfermedad, bastará con la resolución de la Seguridad Social.
Su financiación correrá a cargo de las cotizaciones efectuadas por los empresarios, tanto públicos como privados, que empleen trabajadores por cuenta ajena; las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; las cantidades obtenidas por subrogación; las consignaciones o transferencias que puedan fijarse en los Presupuestos Generales del Estado; y cualesquiera previstos en las leyes. La diputada del PP, Macarena Montesinos, ha mostrado sus dudas sobre sistema de financiación, en particular, por la cotización adicional que los empresarios que tengan contratados trabajadores por cuenta ajena deberán hacer, mediante aportaciones de las mutuas colaboradoras.
El resto de grupos, los diputados han coincidido en la necesidad de agilizar los trámites para la creación de este fondo, que quedó paralizado tras la convocatoria de elecciones generales, a pesar de que los trámites parlamentarios habían avanzado bastante.
Redactor jefe de Noticias Obreras
