Los recortes en la prevención laboral amenazan la vida en el trabajo
En el mismo acto en el que la fiscal de Siniestralidad Laboral, Mª Elena Carrascoso López, advirtió de que se están produciendo recortes en la prevención de la empresa en esta crisis, el obispo responsable de la Pastoral del Trabajo, Abilio Martínez, ha insistido en la necesidad de defender la vida en el trabajo.
Ante el centenar de asistentes que participaron en la videoconferencia “Una mirada a la seguridad y la salud en el trabajo”, organizada por la Pastoral del Trabajo y la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Burgo de Osma-Soria recordó que “todos los cristianos debemos implicarnos en la defensa de la vida en el trabajo, porque el compromiso al servicio de la vida obliga a todos y cada uno. Es una responsabilidad propiamente eclesial que exige la acción concertada y generosa de todos los miembros y de todas las estructuras de la comunidad cristiana”.
De este modo, hacía suyas, como no podía ser menos, las palabras de la plenaria episcopal con motivo del jubileo del año 2000 y abogaba por una nueva cultura del trabajo más segura que evite que el marco legislativo se quede en papel mojado.
La fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral comentó que, según había podido saber a través de una inspectora de Trabajo, en la crisis actual, como en las anteriores, el prime recorte es la prevención, lo que calificó como “preocupante”, porque “si quieren hablar a nivel únicamente económico, al final les va a salir más caro”.
“La idea de recortar en prevención es una gran equivocación”, comentó, no solo por la sanción y el recargo en las prestaciones sociales del trabajador que propone la Inspección en caso de accidente de trabajo, sino porque puede enfrentarse a un escrito de acusación de la fiscalía especializada que, en la gran mayoría acaban en sentencia condenatoria”.
Además, aclaró que “puesto que el empresario es el primer sujeto legalmente responsable de la seguridad del trabajo, es garante del trabajador, tiene una obligación de proteger su seguridad. Es correlativo el derecho a la protección del trabajador con el deber del empresario de facilitar las medidas de seguridad”.
La fiscal reconoció las dificultad para agilizar los procesos penales donde se dirimen los delitos penales contra la vida e integridad de los trabajadores y anunció el proyecto de creación de una oficina de atención a las víctimas y familiares para orientarlas mejor sobre las fases procesales que se desarrollan en estos casos.
Carrascoso también defendió que la cultura de la prevención en el trabajo es una labor constante que debería implicar a toda la sociedad, desde las escuelas a los medios de comunicación, pasando, como es lógico, por los agentes sociales y las administraciones.
En intervención detalló que la causa de los delitos penales contra la salud y seguridad en el trabajo es la falta de medidas preventivas adecuadas, algunas tangibles, como los andamios y las llamadas líneas de vida, y otras intangibles, como la formación y la coordinación de las empresas concurrentes en los lugares de trabajo.
Por último, abordó las dificultades para conseguir dirimir responsabilidades penales en los casos de enfermedades profesionales que tardan años en manifestarse. A veces, las empresa para la que la personas afectada trabajó ha desaparecido; en otras, los sujetos responsables y testigos no pueden ser localizados. Eso sí, indicó que la mejor política preventiva es la vigilancia permanente, con reconocimientos médicos, de la salud de los trabajadores.
Redactor jefe de Noticias Obreras
