La plataforma antidesahucios insiste en que las medidas del Gobierno no bastan
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas insiste en que las medidas adoptadas por el Gobierno central no son suficientes para evitar los desahucios. De hecho, recuerdan que el Congreso no ha iniciado trámite alguno para recoger las propuestas transmitidas al parlamento.
Ya en junio, al decretarse la 7ª prórroga del plazo de enmiendas al «Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19», la PAH planteó a los grupos parlamentarios sus propuestas para que realmente «nadie se quede atrás».
La insistencia y contundencia de las reclamaciones de la PAH se entienden con los datos de desahucios en la mano. En el segundo trimestre de este año, según el Consejo General del Poder Judicial, durante los días hábiles para la actividad judicial normal, del 4 al 30 de junio) se ejecutaron en España 1.383 desahucios. Lamentablemente, es de esperar que los datos del siguiente trimestre, con un mes de agosto de actividad judicial inusual, supongo cifras nunca vistas.
La plataforma exigía que en paralelo a la tramitación del RDL 11/2020 sobre medidas urgentes se aprobara otro RDL para decretar la paralización inmediata de todo desahucio sin alternativa habitacional, dando cumplimiento a las demandas de Naciones Unidas y del Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre las 12 medidas reclamadas destacan:
La suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional, a través del establecimiento del juicio de proporcionalidad que viene reclamado a España por el Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; la extensión de las medidas a todas aquellas personas y familias que están en situación de vulnerabilidad, no sólo las que han llegado ahora por el COVID; la exoneración, en lugar de pago aplazado, de las cuotas del pago de hipoteca y alquiler, incorporando compensaciones a pequeños propietarios; y la ampliación y mejora de la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda extraordinaria.
En el último decreto para prorrogar el llamado escudo social, el Gobierno ha suprimido la exigua moratoria de las hipotecas, además de haber suprimido la prohibición de los cortes de suministros básicos. Todos los desahucios y los alquileres a familias que ya estaban en precario antes de la pandemia siguen su curso.
En la práctica, se procederá al desahucio, cuando una familia sume 12 meses de impago, ya que rige la moratoria hipotecaria de 2012, vigente ahora hasta 2024, por la que el proceso sigue en marcha, aunque se aplaza se aplaza en el tiempo a falta de una solución definitiva. La moratoria por COVID-19 estaba pensada para que las familias no tuvieran que llegar a ese punto por sufrir una caída de ingresos supuestamente temporal.
Lo cierto es que sólo han estado, y están paralizados, los desahucios derivados de «contratos de arrendamiento sujetos a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19.
De ahí que la PAH haya anunciado que seguirán presionando para exigir al Gobierno un decreto anti desahucios, “no sólo por Justicia social y cumplimiento de los Derechos Humanos como machaconamente viene reiterando el Comité DESC de Naciones Unidas, también por urgente necesidad de Salud Pública” ·
Redactor jefe de Noticias Obreras
